La vicepresidenta de la Región Lima, Lita Román Bustinza, denunció que viene siendo amenazada de muerte debido a que continúa investigando presuntos actos de corrupción en la actual gestión regional, a cargo de Javier Alvarado Gonzales del Valle.

La funcionaria afirmó que incluso ha recibido llamadas a su casa y que un funcionario le advirtió lo que podía pasar con ella. Dijo que aún no ha podido denunciar el hecho ni conversarlo con Alvarado, pues existe una resolución de la gobernación que le impide acercarse a él. “Ha pedido garantías por intento de homicidio y me está involucrando”, sostuvo. También afirmó que, sin éxito, había solicitado su vacancia al Jurado Nacional de Elecciones.

Comparó al presidente regional Javier Alvarado con la corrupción que existe en la región Ancash. Denunció una serie de juicios entablados por el Gerente General Luis Enrique Fernández Estrella donde se le ha pretendido acusar de intentar asesinar al presidente, de lavado de activos y usurpación de funciones, denuncias que han sido archivadas por no tener sustento legal.

La vicepresidenta mencionó que había periodistas en las planillas del Gobierno Regional de Lima que hacían el trabajo sucio de atacarla , un ejemplo claro fue el cobro de dinero del periodista cañetano Jorge Brignole Santolalla, que pasó un recibo por honorarios por limpiar el rio Cañete, uno entre tantos periodistas mencionados por Lita Román por prestarse al trabajo sucio de enlodar su imagen a través de la distribución de periódicos en su contra manchando su imagen con denuncias “fabricadas” en la gerencia del GOREL que luego se han archivado.

De igual forma dijo temer por su vida ya que un conocido operador político de Javier Alvarado y ex candidato en las pasadas elecciones llamado Alfonso “Pocho” Salinas habría dicho que en lugar de tantos juicios más barato salía “quebrarla”, dejando en claro las intenciones de asesinarla ya que es la piedra en el zapato de Alvarado para no poder postular a la reelección en los comicios del próximo 05 de Octubre .

Al respecto, representantes de la Región Lima minimizaron la acusación, ya que, según afirmaron, carece de sustento legal y “Se trata de una venganza política”.