El gobierno de Pedro Castillo, que había anunciado que daría un bono a las víctimas de la fuga de crudo ocurrido en una instalación marina de la refinería La Pampilla, de propiedad de la empresa española Repsol, anunció que ya no lo hará efectivo.

El anuncio se difundió luego de que el propio Ejecutivo informó que había establecido un acuerdo con Repsol para que la compañía entregue 3 mil soles a los pescadores y otras personas que resultaron afectadas por el derrame de petróleo.

El monto de 3 mil soles lo determinó Repsol a partir de reuniones con un gremio de pescadores de Ancón. Luego, representantes de la compañía dieron a conocer la cifra a la Presidencia del Consejo de Ministros, que no puso reparos y dio su visto bueno.

Los funcionarios del Ejecutivo no hicieron ningún estudio técnico para establecer si los 3 mil soles es una indemnización adecuada para los pescadores y sus familiares. Representantes de gremios de trabajadores del mar manifestaron a este diario que la PCM no los convocó en ningún momento para debatir la cantidad de dinero que se les entregaría.

El 27 de enero de este año, el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, luego de calcular que el número de afectados por la fuga de petróleo llegaría a 100 mil personas, adelantó que el Ejecutivo distribuiría una indemnización a los damnificados. Precisó que serían 3 mil soles (1.000 soles por 3 meses).

La cifra es, coincidentemente, la misma que dará Repsol a los pescadores.

Incluso Roberto Sánchez dijo que su despacho coordinaba con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Ambiente para la aprobación del bono, luego de un estudio previo para identificar a los damnificados.

“La evaluación socioeconómica en detalle la estamos trabajando con el Ministerio de Economía y estoy seguro de que a más tardar el día lunes esto estará como informe, para elevarlo a la siguiente sesión del consejo de ministros”, explicó Sánchez.

No se hizo tal estudio. Repsol definió el monto de 3 mil soles y el Ejecutivo simplemente dio luz verde, sin ni siquiera haberse reunido con los pescadores, como lo había garantizado. Prevaleció el punto de vista de la empresa.

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, fue quien confirmó que el Ejecutivo no abonará los 3 mil soles que había anunciado y que aprobó que el aporte lo haría Repsol, porque el Gobierno no puede destinar fondos públicos a la indemnización de las aproximadamente 5 mil personas inscritas en un padrón de damnificados.

“Las normas no nos dan ese poder (de pagar un bono), no podemos disponer del dinero de los peruanos como nosotros quisiéramos para socorrer a las personas afectadas. Es por eso que nosotros hemos convocado a la empresa y hemos llegado a un acuerdo para que se haga esta indemnización de 3 mil soles”, afirmó el ministro Montoya en una entrevista con RPP.

El congresista Edward Málaga, quien hace seguimiento al caso del derrame, expresó extrañeza por el anuncio del Ejecutivo.

“Todos sabemos que existen decretos de urgencias y que tenemos antecedentes como el Bono Yanapay o los bonos covid. No es que esta sea una medida imaginaria. Quizá el ministro Modesto Montoya se refirió a que un ministerio como el suyo u otro no podría decretar esos bonos, pero para eso está el presidente de la PCM”, señaló Málaga.

“La evidencia es que hubo este anuncio de que se había tomado la decisión de entregar bonos. Es más, la noticia de que el bono iba, a mí me fue reafirmado por la expremier Mirtha Vásquez en una conversación que tuve con ella, me dijo que estaba bien encaminado y que ya había sido evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas”, añadió el legislador Edward Málaga.

Por su parte, la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, cuestionó que, a casi 2 meses del vertido de crudo, todavía los afectados no reciben indemnización.

“Lamentamos el retraso que hay en la entrega de indemnización y reparación a las personas afectadas por el derrame. Si se les puede entregar el bono o no, debió resolverse en las primeras semanas. Si el marco normativo no permite entregar dinero público para esta situación, el Gobierno debería haberlo tenido claro la primera semana del desastre y no después”, resaltó Abanto.