El último paso para la aprobación de una ley que endurece las medidas contra los inmigrantes clandestinos en el Viejo Continente, ha sido dado. El Parlam
ento Europeo ha aprobado ayer en Francia por una amplia mayoría la polémica ley de expulsión y detención de ilegales. Esto afectará a los ocho millones de «sin papeles».
Las enmiendas propuestas por los opositores del texto fueron rechazadas y el compromiso alcanzado con los 27 Estados miembros de la UE fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones. De haberse aceptado los cambios, el tramite de la denominada «Directiva
Retorno» hubiese retrocedido tres años, es decir al punto de partida.
La votación de hoy escenificó de nuevo la fractura existente en el Parlamento europeo respecto al texto, que para algunos grupos supone un progreso y un marco para salvaguardar los derecho
s de los inmigrantes, mientras que para otros las garantías que ofrece son insuficientes.
La ley dota un marco común para las reglas de expulsión de los clandestinos. Y como primer punto establece un período de siete a treinta días para que los ciudadanos extranjeros en situación irregular abandonen el país de forma voluntaria. Pero si no aceptan irse por las buenas, podrían ser sorprendidos por las autoridades.
Para estos casos se ha fijado el periodo máximo de retención en seis meses, el cual puede ampliarse a 18 meses en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
Una vez deportados, los indocumentados estarán prohibidos de entrar a Europa hasta por cinco años, incluso más en caso de «amenaza grave» para el orden y la seguridad.
En cuanto a los menores no acompañados, se autoriza su expulsión a países terceros en los que no tengan ni tutor ni familia a condición de que haya en ellos «estructuras de recepción adecuadas».
Luego que la normativa comunitaria sea publicada en el Boletín Oficial de la UE, los Estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones nacionales. Es decir que entrará en vigor en el 2010. Además, habrá un año adicional para introducir el punto que garantiza asistencia legal gratuita a los inmigrantes.
MAS DATOS
Reacciones «Habrá que estudiar los alcances de la directriz para decidir cómo enfrentarla legalmente» Vicecanciller boliviano, Hugo Fernández. – «Migrar no es un delito. Rechazamos el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal» Gobierno de Argentina «Es una decepción debido a las relaciones migratorias que Europa y Latinoamérica desarrollaron durante siglos» Cancillería de Paraguay
Fuente: Diario Correo.
