La arquitecta Martha Coca sostuvo que el debate sobre la Plaza de Armas ya no debe centrarse en si la población está a favor o en contra del proyecto, sino en si la demolición cuenta con un expediente técnico completo, riguroso y debidamente sustentado.
Tras la reunión sostenida con el alcalde provincial de Huaral, Fernando Cárdenas, y su equipo técnico, la arquitecta Martha Coca, integrante del grupo de ciudadanos que participó en el primer plantón contra el proyecto de la Plaza de Armas, cuestionó el sustento técnico y documentario de la iniciativa municipal.
Coca explicó que, durante el encuentro, el alcalde y sus funcionarios presentaron el diseño arquitectónico de la futura plaza y solicitaron opiniones sobre la propuesta. Sin embargo, señaló que las principales preocupaciones del grupo no estaban centradas en el diseño, sino en conocer el verdadero alcance del proyecto y verificar si cuenta con el debido sustento técnico y administrativo.
Uno de los puntos observados fue la denominación del proyecto en la ficha técnica: “Mejoramiento de los servicios de espacios públicos en la Plaza de Armas de Huaral”. Según la arquitecta, pese a tratarse de un proyecto denominado como mejoramiento, los documentos contemplarían el reemplazo del pavimento, bancas y otros elementos, además de la tala de árboles, por lo que cuestionó si realmente se trata de un mejoramiento o de una intervención de mayor alcance.
Coca también señaló que durante la reunión solicitó conocer los informes técnicos que sustentarían las condiciones de la infraestructura existente y justificarían la intervención. De acuerdo con su versión, un funcionario indicó inicialmente que dichos documentos existían, aunque no habían sido incorporados al expediente por considerar que no eran necesarios, y posteriormente señaló que podían ser mostrados.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el acta de libre disponibilidad del terreno. La arquitecta sostuvo que el documento presentado contendría más de 60 firmas de ciudadanos que corresponderían a otro proyecto, situación que, según indicó, también habría sido advertida por la prensa. Coca consideró necesario esclarecer por qué dichas firmas fueron incorporadas al documento y cuál fue su finalidad.
Asimismo, cuestionó las versiones brindadas durante la reunión respecto a una supuesta participación ciudadana en la elaboración de la propuesta. Según relató, inicialmente se indicó que algunos pobladores habían sido consultados sobre el diseño; sin embargo, posteriormente se habría precisado que no existió una consulta ciudadana formal para la gestación del proyecto.
La arquitecta sostuvo además que la iniciativa habría sido planteada dentro de la propia estructura municipal y elaborada por funcionarios y trabajadores de la comuna. En ese sentido, remarcó que los proyectos públicos deben cumplir con los requisitos técnicos y administrativos correspondientes y contar, además, con información transparente hacia la población.
Finalmente, Coca pidió al alcalde provincial revisar personalmente el expediente y solicitar todos los documentos que permitan verificar las observaciones planteadas durante la reunión. Consideró que todavía existe la posibilidad de detener o suspender el proceso si se detectan omisiones o deficiencias en la documentación.
“No se puede demoler lo que está en buen estado”, sostuvo la arquitecta, quien remarcó que, a su juicio, una intervención de esta magnitud debe estar respaldada por una justificación técnica sólida y no únicamente por una decisión de remodelación.
Coca concluyó señalando que el debate no debería centrarse únicamente en si la población quiere o no una nueva plaza, sino en si el proyecto cumple rigurosamente con todos los requisitos y cuenta con un expediente técnico completo y debidamente sustentado, debido a que involucra el uso de recursos públicos.
“Ahora ya el tema no es si se quiere o no la plaza sino el tema es de la rigurosidad y el cumplimiento de todos los pasos y elementos que constituyen un expediente tecnico completo y debidamente sustentado que pemitirá el uso de los recursos del Estado que todo ciudadano de bien debe vigilar y proteger. Si la plaza se va a demoler es porque está en ruinas, no hay otro sustento y si no lo está es porque los documentos no fueron bien sustentados”.
Por estas razones, reiteró su oposición al proyecto y cerró su pronunciamiento con una posición clara: “NO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLAZA”.
