En Barranca, a 175 kilómetros al norte de Lima, a menos de cuatro horas de distancia, lossicarios disparan a plena luz del día y frente a cámaras de vigilancia con la seguridad de que la impunidad y la corrupción limpiarán sus gatillos. Resultado: 36 personas han sido asesinadas a balazos en 2013 y 9 en lo que va de año, según cifras de la fiscalía provincial de la provincia norteña.
En estos hechos sangrientos, Construcción Civil ha puesto un doloroso «cupo». En el distrito de Paramonga, los sicarios «se bajaron» a toda la directiva del sindicato afiliado a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). En abril asesinaron a su secretario general, Gilmer Castro Arteaga, y, dos meses después, a sus futuros reemplazos, César García Chinchay y Jorge Huayanca Fernández.
Una vez que los patrones del sicariato impusieron su reinado en las obras de Paramonga, la violencia se trasladó a la vecina Barranca. En octubre, Jesús Ruiz Díaz , secretario general de construcción en Barranca, fue asesinado frente a la puerta del local de la CGTP. Tras su entierro, su casa fue baleada para acallar a su mujer y a su hija.
La CGTP denuncia que ya no controla ninguna gran obra en la ciudad. «Las obras, tanto públicas como privadas, están secuestradas por los delincuentes», denuncia Daniel Rivera, actual representante de este gremio en Barranca.
La situación de Barranca ejemplifica un fenómeno en el territorio nacional: la sindicalización del hampa.
Sicarios a la obra
En la entrada de Barranca desde la Panamericana Norte, dos hombres visiblemente armados y sin uniforme «cuidan» a 5 obreros que cavan una zanja para introducir cableado.
La presencia de los «chalecos» en las obras, de pequeñas a grandes, se acepta con absoluta normalidad en la zona. También las balaceras.
La última ráfaga del sicariato cayó hace tres semanas sobre el obrero de construcción civil Diego Castro Huamán en plena hora punta junto a la puerta del centro comercial Megaplaza de Barranca. Su hermano, también de Construcción Civil, resultó gravemente herido.
«Aquí en Barranca hay una Gran Familia con fachada de sindicato de construcción«, denuncia Daniel Rivera, actual representante de la CGTP en Barranca.
En la provicia operan otros dos sindicatos del mismo rubro, además del de Rivera. Ambos declaran ser de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), eterna rival aprista de la CGTP.
Sin embargo, el secretario general de la CTP, Elías Grijalba, solo reconoce a uno de ellos: el Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil de Barranca.
Precisamente, dos integrantes de este sindicato están en prisión en espera del juicio acusados del asesinato en octubre pasado del secretario de la CGTP en Barranca, Jesús Aníbal Ruiz. Fueron detenidos al día siguiente del asesinato junto a otros dos elementos. Portaban armas, marihuana y guantes quirúrgicos. Ellos, sin embargo, se declaran inocentes y juran que iban a realizar otro «trabajo» que nada tiene que ver con construcción civil: asaltar una empresa.
El otro sindicato tiene su sede en Pativilca-Buenos Aires Altos. Grijalba jura que «los de Pativilca nada tienen que ver con la CTP». Sin embargo, en una carta dirigida al municipio de Barranca, este sindicato –reconocido por el Ministerio de Trabajo por el expediente N°12-2010-ES-MTPE/1/22– se presenta como integrante de la federación de Grijalba.
Su plana mayor tiene varios ingresos en la cárcel de Huacho por robo agravado. Tarquín parece haber influido en su vocación sindicalista.
Como secretario general, firma «El Machi de Pativilca» (Juan García Pantoja), cuya última fecha de salida del penal de Tarquín es el 27 de noviembre del 2009. Su Secretario de Organización es «El cojo» (Jacinto Marcelino Caushi Palma), que cumplió condena por robo agravado de julio del 2005 a setiembre del 2007. Sin embargo, el jefe del «sindicato», según los testimonios recopilados, es su Secretario de Deportes, «Wilson» (Wilson Aníbal Cruz Galarreta), quien salió de prisión en agosto del 2006 con semilibertad.
«El Machi» y «Wilson» fueron involucrados por testigos en el asesinato en Paramongaen 2013 del empresario ferretero Richard Félix Flores y dos de sus guardaespaldas, vinculados con construcción civil en Lima norte.
Tras el asesinato del ferretero, sus nombres salieron a la palestra en los medios de comunicación. Sin embargo, siguieron delinquiendo a su antojo en la provincia.
De asaltantes a sindicalistas
La historia de este sindicato, relatada a La República por fuentes atemorizadas que prefieren quedarse en el anonimato, refleja el afán de «superación» de la delincuencia y su olfato por el dinero fácil.
Comenzaron en el rubro de piratas de carretera asaltando ómnibus,relatan nuestras fuentes. Después fueron seducidos por el brillo del oro de la minería ilegal en Pativilca. Pero no precisamente para picar socavones, sino para cobrar «cupos» a los mineros por «seguridad».
Pero la veta disminuyó y entraron en crisis. Entonces, vieron en las obras públicas su nuevo filón y decidieron formalizarse ante el Ministerio de Trabajo como un sindicato de construcción civil. Una vez conseguida una nueva fachada, habrían comenzado a eliminar a balazos a la competencia.
Obras como el tramo de la carretera Norvial Huacho-Pativilca, el Hospital de Los Anitos o el Coliseo Cerrado auguraban buenos ingresos para la extorsión y exigían cuota de sangre.
A pesar de la expansión de su negocio, su base seguiría siendo Pativilca. «Si valoran en algo su vida, no vayan para allá», nos recomiendan otros periodistas.
Según relatan testigos y fuentes policiales, en Pativilca existen cuadras resguardadas por hombres armados en las que el ingreso es imposible.
Otras fuentes señalan que existe incluso un terreno cercano a las concesiones mineras en el que jóvenes sicarios son entrenados para disparar. Los mejores se quedan como seguridad del «sindicato» y el resto pasa a convertirse en «chaleco» de las obras, afirman. Eso sin excluir para trabajos especiales la contratación de sicarios trujillanos y chiclayanos, los más cotizados.
Balas silenciadas
El sicariato no discrimina patrones y también cambia de rubro. El 22 de abril la casa del periodista barranquino Yofre López fue dinamitada tras denunciar actos de corrupción municipal. En Barranca, según relata el periodista, contratar matones es el pan de cada día.
En la comisaría de Barranca, la gobernación y la fiscalía domina el mutismo sobre los asesinatos por encargo. La gobernadora, Rosa Cotrina, al enterarse de la presencia de La República, prefirió apagar su teléfono y desaparecer.
Según las denuncias recopiladas, los efectivos de la comisaría de Barranca superan como media los 10 años de servicio y actúan con miedosa complicidad, como atestiguan fotografías obtenidas por La República en las que parecieran resguardar a los «sindicalistas». Sorprendentemente, el comandante policial durante años de esta ciudad sin ley fue ascendido en 2014 a Jefe Policial de Huacho. El anterior, Carlos Remy, hoy candidato a alcalde de Huacho, cayó en desgracia tras negarse a intervenir el año pasado en el desalojo de Andahuasi.
Con este panorama, en la fiscalía confiesan que se sienten completamente desprotegidos para investigar los atentados y los asesinatos por encargo y piden la presencia de fiscales y policías de Lima.
El fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, no es ajeno a esta realidad. Sin embargo, confiesa que todos sus esfuerzos por especial mandato del gobierno están centrados estos días en Áncash. Relata que por especial encargo del ex premier Juan Jiménez, su fiscalía pasó a investigar a sindicatos de construcción civil y que existen investigaciones abiertas actualmente en Pisco, Chincha e Ica.
Coincidentemente, en estas localidades tanto la CGTP con la CTP, que parecen actuar al ritmo del destape, han decidido recientemente desafiliar a sus sindicatos.
Esta fiscalía especial ha optado por trabajar con el grupo especial de Inteligencia Operativa Génesis. «Se necesitan cambios urgentes y rotación de personal en la PNP porque están coludidos con los extorsionadores», reconoce Chávez Cotrina.
Mientras Génesis todavía no logra abarcar la periferia de Lima, Barranca y el norte chico sucumben al sicariato.
En cifras
634 Sindicatos de construcción fueron reconocidos por el Ministerio de Trabajo desde 2006.
6 federaciones de Construcción Civil existen en el país y 1 en el ámbito regional.
10 dirigentes de Construcción Civil de la CGTP han sido asesinados desde 2011. No existen cifras oficiales del número de obreros asesinados.
