Hoy lunes 15 de enero, se cumplen dos años del derrame de cerca de once mil barriles de petróleo frente al mar de Ventanilla.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a continuar las acciones de evaluación y supervisión ambiental y sanitaria para la toma de decisiones orientadas a garantizar los derechos de la población que se vio afectada.
El pedido se hace tras el comunicado conjunto, emitido en diciembre último por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción, en el que se informó que aún persistía contaminación ambiental en determinados puntos y que 25 playas de uso recreacional mantenían la condición de afectadas.
Asimismo, que, pese al tiempo transcurrido, no se contaba con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos relacionadas con la pesca artesanal.
Cabe indicar que en octubre último la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de la Producción disponer medidas restrictivas respecto a la pesca artesanal y de productos hidrobiológicos en la zona afectada, teniendo en consideración las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), así como difundir información al respecto. Sin embargo, no se recibió respuesta del sector.
A ello debe sumarse que, en diciembre último, venció el plazo para la implementación del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental para el seguimiento de las acciones de rehabilitación y recuperación ambiental de la zona marino costera, que involucraba la participación de diversas instituciones.
Estas son el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Imarpe, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y las municipalidades de las zonas involucradas, entre otras entidades, bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente.
Tras su término, la Defensoría del Pueblo advirtió que quedaron pendientes de concluir actividades como la última evaluación biológica ambiental en la zona marino costera, a cargo del Imarpe, así como la ampliación de la evaluación de la condición sanitaria y análisis de riesgo de los recursos hidrobiológicos, a cargo de Sanipes.
Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas se encuentra evaluando 18 planes de rehabilitación presentados por Repsol, por lo que se requiere que el Ministerio del Ambiente dé continuidad a dicho plan y al espacio de seguimiento construido para articular la intervención de las instituciones involucradas.
¿EN QUÉ CONCLUYÓ LA FISCALÍA?
Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, la infraestructura submarina de la refinería estaba dañada y se rompió durante las maniobras. En octubre del 2023, asociaciones de pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo realizaron una marcha exigiendo que Repsol cumpla con la reparación económica aún pendiente.
En noviembre último, el Ministerio de Salud dio a conocer que de 30 playas afectadas en las regiones Lima y Callao, 25 aún siguen contaminadas, aunque en sus comunicados Repsol sostiene que “el agua en el mar y las playas afectadas cumplen con los más altos estándares de calidad ambiental”.
Recientemente, el 10 de enero de este 2024, la firma de abogados británico Pogust Goodhead interpuso una demanda judicial contra la empresa Repsol en libras esterlinas equivalentes a 1.200 millones de dólares en relación al derrame de petróleo ocurrido en el mar peruano.
La demanda presentada busca indemnizar aproximadamente a 34.000 peruanos afectados de los distritos Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla por este derrame de crudo.
En respuesta, Repsol ha señalado que la demanda carece de fundamento y que de acuerdo con experiencias similares, “consideramos que este caso debe ser abordado en el Perú”.
