Los hombres sentenciados por delitos relacionados a violencia contra la mujer ingresarán al Registro Único de Agresores que será habilitado próximamente a través de un portal web y quedarán automáticamente impedidos para trabajar en el sector público, informó el Ministerio de la Mujer.

Illian Hawie Lora, directora general Contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer, explicó a Andina que a este registro ingresarán solo quienes hayan recibido una sentencia judicial, no los casos que se denuncian, por ejemplo, mediante los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

Explicó que este registro funcionará igual al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, donde aparecen los nombres de las personas que, según mandato judicial, son omisos a la transferencia de pensión alimenticia para sus hijos.

En tal sentido, Hawie señaló que se busca la misma consideración que tienen actualmente aquellos hombres que no pasan alimentos a sus hijos, para aquellos que maltratan o golpean a las mujeres.

“Si por alimentos no te contrato, por golpear o maltratar tampoco te contrato. Es una inhabilitación lógica”, aseveró al señalar que ese instrumento no solo podrá ser usado por el empleador del sector público sino del sector privado.

“Por ejemplo, si estoy en el Ministerio de Educación y voy a contratar profesores, entro a ese registro. Tanto un colegio público o privado no va a contratar profesores que hayan pasado por esos episodios”, subrayó.

Comentó que esto será una censura moral completa a la conducta de estas personas. «Podríamos decir que va a ser una muerte civil para los agresores”, subrayó.

En el Registro Único de Agresores participan el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer. El objetivo es que sea una base de datos de consulta pública.

Antecedentes

Patricia Sarmiento, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que, al ser sentenciadas por este tipo de delitos, los nombres de estos sujetos pueden ser difundidos junto a sus antecedentes judiciales para ser visualizados por cualquier persona.

“Si es que la persona ha sido sentenciada por un delito, no se violan sus derechos porque una vez que salió la sentencia, los antecedentes son de conocimiento público”, recalcó.

Dijo que este tipo de registros han sido implementado con muy buenos resultados en otros países para sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad, a fin de que los padres de familia sepan quién puede representar un riesgo para sus hijos.

Perfil del agresor

Según el informe “Feminicidio íntimo en el Perú: análisis de expedientes judiciales (2012-2015), publicado por la Defensoría del Pueblo, el 44 % de los agresores de mujeres tiene entre 31 y 44 años, mientras que el 38 % está en el rango de edad de entre 18 y 30 años.

El estudio señala asimismo que el 74 % de agresores es soltero, el 20 % casado y solo un 4 % viudo, mientras que, por actividad, el 16 % labora en construcción civil, 16 % agricultores, seguido de choferes, comerciantes, empleados (10 % cada uno), obreros (8 %) y profesionales dependientes (4 %).

Según el grado de instrucción, el mayor número de agresores tiene secundaria completa (34 %), seguidos de los que tienen primaria incompleta (18 %), primaria completa (14 %), educación superior completa (14 %), secundaria incompleta (12 %) y educación superior incompleta (6 %).

El informe del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, elaborado en base a las atenciones en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), revela que, entre enero y julio del presente año se reportaron 71 feminicidios y 135 tentativas de feminicidio en todo el Perú.