Se podría decir que los terroristas de Sendero Luminoso que han sido liberados en los últimos años están sueltos en plaza. Diversas fuentes de Inteligencia de la Policía y del Ministerio del Interior han revelado a este diario que es prácticamente imposible realizar una labor de seguimiento a los más de 3,000 subversivos excarcelados desde el año 2000 hasta la fecha, y en particular, a los 504 que se acogieron al beneficio de la libertad condicional.
“Si bien no estamos confiados en la Dircote (Dirección Contra el Terrorismo), no tenemos los recursos para hacerles seguimiento”, dijo a Perú.21 un alto oficial experto en lucha contrasubversiva.
Otras fuentes de Inteligencia del Ministerio del Interior señalaron que sí se efectúa un seguimiento policial a los cabecillas, pero que, para todos los demás, “no contamos ni con la logística ni con el personal suficiente para realizar una labor de seguimiento a los terroristas que han sido excarcelados en los últimos años; no existen labores de seguimiento a los terroristas excarcelados”.
“Inteligencia solo realiza ese tipo de labores para los cabecillas excarcelados o cuando existe una orden judicial de por medio, pero no nos daríamos abasto para designar personal a cada uno de los subversivos que están en las calles”, coincidieron varios agentes antiterroristas.
“Se podría decir que, del 100% de terroristas liberados, solo se tiene información de un 10% de ellos, y puede que el porcentaje sea menor”, refirió la fuente consultada.
ACTÚAN LIBREMENTE. ¿Qué hacen estos individuos? “En el plano político se están reorganizando a través del llamado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, y en el plano universitario, a través del Frente Democrático Estudiantil. El movimiento viene realizando actividades de recolección de firmas. Por ejemplo, el domingo pasado estuvieron con sus planillones en San Juan de Lurigancho y hay gente que firma por ellos”, indicó un veterano de la Dircote.
“En el caso de las universidades, han empezado a trabajar nuevamente en esos centros de estudios, en los que antes tuvieron presencia. Por ejemplo, además de la marcha de los 50 alumnos portando banderas rojas en la Universidad de San Marcos, hubo otra concentración el día 30 de abril que contó con la presencia del abogado de Abimael Guzmán, Alfredo Crespo”, señaló una fuente de Inteligencia.
Al respecto, este diario también fue informado de que la Dircote ya tiene identificados a los 50 alumnos que pidieron la liberación de Guzmán. Las fuentes precisaron que no harán pública la relación de nombres de los universitarios.
“Se están moviendo a esos niveles, pero hay que precisar que no se puede hablar de resurgimiento terrorista. Resurgir es volver a empezar, y ellos no están en esas condiciones; sin embargo, no bajamos la guardia, y en la medida que podamos, vigilaremos a los principales”, afirmó un alto oficial de Inteligencia.
¿Por qué no hay un seguimiento más organizado? Todas las fuentes consultadas coincidieron en manifestar que no hay un presupuesto institucional para efectuar ese trabajo de vigilancia.
“A ello se añade el vacío legal respecto a una normativa que faculte a los agentes policiales a realizar el seguimiento a los subversivos”, comentaron.
GRILLETES ELECTRÓNICOS. Abrumado por los últimos e inesperados reportes de subversivos liberados, al Gobierno no le ha quedado otra que plantear algunas medidas. De ese modo, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, adelantó ayer a Perú.21 que, dentro de 90 días, aproximadamente, su portafolio implementará un mecanismo de vigilancia electrónica para los terroristas que se encuentren aún con libertad condicional.
“Ese mecanismo ya está dispuesto en el Código de Ejecución Penal y en la Ley de Vigilancia Electrónica, y lo que vamos a hacer es reglamentarlo. Este es un mecanismo de monitores eficaz que depende de nuestro sector. Otras medidas ya tienen que ver con otros sectores”, sostuvo el ministro.
Además, ahora ya se cuenta con información acerca de cuántos pedidos más de libertad condicional están pendientes por resolver.
En el INPE hay 34 solicitudes en plena evaluación, y en el Poder Judicial, 17. Tenga en cuenta que Osmán Morote y Maritza Garrido-Lecca figuran entre los solicitantes.
