El Gobierno peruano dio el primer paso para privatizar las cárceles siguiendo el modelo chileno al publicar recientemente las bases para un primer centro penitenciario gestionado por un operador privado en la localidad de Huaral, a unos 90 kilómetros al norte de Lima, informó el ministro de Justicia, Víctor García Toma.
“Es una experiencia piloto, vamos a ver si esta experiencia funciona”, dijo en rueda de prensa en Lima con la prensa extranjera García Toma, al explicar que las bases para la licitación abierta de la construcción de la cárcel se publicaron el mes pasado a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).
La prisión de Huaral, que constará del centro de reclusión y un taller para albergar reos primarios y jóvenes, será construida y administrada por un operador privado, mientras la seguridad externa estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
“Probablemente el próximo año tendremos en la ciudad de Huaral esta cárcel (privada) con 1.500 reclusos”, explicó.
EXPERIENCIA CHILENA
Por su lado, el viceministro peruano de Justicia, Luis Marill, dijo que “el espejo que estamos tomando es el de Chile, que es una experiencia exitosa”. 
En el Perú hay aproximadamente unos 40.000 presos en los centros penitenciarios y afronta un problema de hacinamiento y de falta de fondos para administrar las existentes, incluso en cuestiones tan básicas como la alimentación de los reclusos, así como en la construcción de nuevos penales.
El titular de Justicia acotó que en los próximos meses se abrirá la cárcel Piedras Gordas II, que albergará también a jóvenes, como parte de un plan para construir un total de cinco penales en los próximos dos años, que también incluye una cárcel para presos por corrupción en la selva peruana.
“Vamos a ver con cuál de estas experiencias (privada y estatal) nos va mejor”, subrayó el ministro, al referirse a las cárceles de Huaral y Piedras Gordas II.
Otras medidas que se han adoptado para afrontar el hacinamiento penitenciario incluyen los indultos, conmutación de penas, traslados de presos para cumplir sus sentencias a otros países y una propuesta para utilizar grilletes electrónicos para algunos internos.
MILES DE PRESOS SIN SENTENCIA
Por su lado, el director Nacional de Justicia, Daniel Figallo, expresó que más o menos hay entre “40 a 50 internos semanales que son conmutados”.
Según datos oficiales, también hay una gran cantidad de presos sin sentencia, y el viceministro de Justicia mencionó que en la cárcel limeña de Lurigancho solo 1.500 de los 9.000 internos están sentenciados, mientras que el resto son preventivos.
Asimismo. se pretende incorporar 500 nuevos trabajadores penitenciarios para mitigar el déficit de 2.000 trabajadores que se tiene en el resguardo de los reclusos.
Los funcionarios de Justicia también enfatizaron que el Gobierno está implementando varias medidas para combatir la corrupción, entre ellos una modificación a una ley de pérdida de dominio, relativo a los bienes, que se aplica principalmente para los acusados por narcotráfico y lavado de activos, para ampliarla a los involucrados en este tipo de delitos.
Otra medida mencionada fue el proyecto de ley del Ejecutivo para adelantar la entrada en vigor en Lima del nuevo Código Procesal Penal, con el fin de acelerar los procesos contra funcionarios acusados de corrupción.
El Comercio.
