𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹í𝗮 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝘅𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀. DETALLES 
Según lo informado, las personas afectadas podrán acudir directamente a la sede de la fiscalía especializada en crimen organizado. Allí serán atendidas por el fiscal provincial, quien será el único funcionario autorizado para conocer su identidad y entregarles un código reservado que servirá como identificador único durante toda la investigación.
El fiscal procederá a tomar la denuncia y a recepcionar la declaración de la víctima utilizando únicamente el código. Posteriormente, se iniciará la coordinación con la Policía Nacional del Perú para dar inicio a las pesquisas, sin revelar la identidad del denunciante en ningún momento informó Canal N.
Con la finalidad de proteger la identidad de los transportistas y comerciantes víctimas de graves delitos que atentan contra sus vidas y de sus familias, el Ministerio Público aprobó los ‘Lineamientos para el registro de otorgamiento de código reservado del denunciante por el delito de organización y/o banda criminal vinculados a la comisión de los delitos de extorsión y sicariato, en agravio de empresas de transporte público y comerciantes”.
Se trata de la Resolución N.° 098-2026-MP-FN, emitida por el fiscal de la Nación (i), Tomás Aladino Gálvez Villegas, que acoge la propuesta formulada por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, como parte de una respuesta institucional frente al incremento de denuncias por estos delitos y fortalecer la investigación fiscal en estos casos.
Estos lineamientos establecen un mecanismo excepcional de protección de la identidad del denunciante, mediante la asignación de un código reservado desde la etapa inicial de la investigación fiscal, con lo que se reduce los riesgos de exposición y represalias que enfrentan las víctimas y testigos al colaborar con las investigaciones.
La implementación de este mecanismo busca incentivar la denuncia, disminuir la omisión de reportes por temor a represalias y mejorar la obtención de información relevante para la persecución penal, garantizando condiciones de seguridad que permitan una intervención fiscal más eficaz frente a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato.
De esta manera, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la lucha frontal contra la criminalidad organizada, fortaleciendo el trabajo especializado de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y adoptando medidas concretas que protejan a los ciudadanos afectados por estos delitos, en especial a los transportistas y comerciantes que hoy sufren el impacto directo de la violencia criminal.
