La comunicadora chancayana Judith Apolinar, comunicó a través de las redes sociales y su página Web, que ella fue querellada por los gerentes de la empresa Cosco Shipping, los marinos Carlos Tejada Mera y Gonzalo Ríos Polastri, quienes la demandaron por difamación y que el juicio lo perdió en Primera Instancia.
Acompañada de su abogado, el Dr. Jorge Tacuri, de Vladimir Cantoral, presidente del Frente de Defensa, de William Jurado, Vicepresidente del Frente de Defensa y del presidente del Frente de Defensa de los Humedales de Santa Rosa.
Dijo que siempre ha defendido a las personas víctimas de las diversas afectaciones que les ocasiona la construcción del megapuerto, por lo que incluso mantiene 3 querellas, con las que pretenden callarla, pues se atreve a comunicar lo que la prensa sesgada calla.
Contó que luego de su primera sentencia, tuvo el infortunio de que el abogado que ejercía su defensa, Walter Chinchay, no le avisó que su audiencia de apelación era el 7 de marzo y por tanto no asistió a ejercer su derecho a defensa.
Presentó un recurso de reprogramación, que ha sido negado por la Corte Superior de Huaura y hoy sus demandantes quieren aumentar la pena y el monto de la sentencia, a través de una apelación que pidieron ellos.
Su abogado dijo: “El Frente de Defensa ha hecho suyo el problema, porque lo que esta en juego son los derechos de los ciudadanos de Chancay, frente a lo que implica los intereses de una empresa que ha logrado a través de una licencia, construir el megapuerto y lo que pretenden es silenciar a su patrocinada.
Indicó que eso ha ocasionado un conflicto social entre un modelo de desarrollo propiciado por el estado con empresas privadas, que hacen que poco a poco desaparezca el Chancay histórico y emerja un nuevo Chancay vinculado a esos intereses económicos, generando graves problemas sociales, ambientales y otros.
Este proceso no es personal, porque están en juego los derechos fundamentales y que su patrocinada ha sido objeto de una sentencia injusta, ilegal, irregular, que ha ponderado grandes intereses económicos privados, por encima de los derechos fundamentales.
El derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad de opinión, no pueden subordinarse al supuesto derecho al honor de determinadas personas. Además no hay ningún animus difamatorio en las comunicaciones e informaciones que ha sabido dar sobre los entretelones de estas actividades y la realidad le ha dado la razón, pues la legalidad de esto está cuestionada.
No puede haber una administración de justicia que avasalle, que pase por encima de los derechos fundamentales respecto al supuesto honor de determinados individuos”, expresó.
