La Defensoría del Pueblo lamentó la pérdida de 13 vidas humanas en una discoteca de Los Olivos, y expresó sus condolencias a los deudos, a quienes viene prestando atención y orientación.
Mediante un comunicado, indicó que la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán investigar, en el más breve plazo, si el operativo realizado en la discoteca cumplió con los protocolos de seguridad; más aún, tratándose de la intervención en un local hacinado que contaba con una sola puerta de evacuación.
«Es obligación de las autoridades respetar, en todo momento, la seguridad e integridad de las personas intervenidas, aun si estas se encuentran infringiendo la ley», indicó.
«Urge realizar una investigación exhaustiva del caso y aplicar las máximas sanciones penales y administrativas contra quienes resulten responsables», añadió.
Para la institución, los empresarios involucrados en la organización de este evento deben recibir una sanción ejemplar que disuada a otros de cometer actividades similares.
«Recordamos que es obligación de las autoridades municipales fiscalizar que se cumpla la prohibición de llevar a cabo reuniones sociales en bares y discotecas, durante la emergencia sanitaria. Más aún, si según información de la municipalidad de Los Olivos, el certificado de defensa civil del local donde ocurrió el evento había caducado en enero de este año«, puntualizó.
Según remarcó, los hechos acontecidos revelan, una vez más, la necesidad de reenfocar la estrategia de lucha contra la pandemia para dar un mayor protagonismo a la sociedad civil organizada.
Refirió, en ese sentido, que recientemente el defensor del Pueblo propuso al Gobierno activar y acompañar la labor de las organizaciones barriales y vecinales, quienes conjuntamente con las autoridades locales deben contribuir a identificar actos manifiestamente ilegales y contraproducentes para la seguridad y salud pública.
Por ello, solicitó a las municipalidades distritales de Lima y Callao redoblar sus esfuerzos para que en coordinación con los vecinos y la Policía Nacional cumplan su deber de vigilar y prevenir las reuniones masivas de personas.
