Flor Agurto Colina, decana del Colegio de Obstetras de Lima y Callao, manifestó a Huaralenlinea, que el 24 de diciembre el MINSA emitió 2 normas técnicas que no están dentro de las leyes establecidas en nuestro estado de derecho. “Para nosotros son ilegales porque vulneran nuestras funciones. Estudiamos más de 5 años para atender a las gestantes y los partos. Estas normas están entregando nuestras funciones a personal que se encuentra en el establecimiento y que tenga capacitación sobre el tema, pero la capacitación tiene que ver con una actualización de conocimientos de 12 horas o de 2 a 3 meses, que no les da pericia para el caso. Nosotros somos personal calificado para este trabajo”, manifestó.
Luego señaló que la norma dice que en caso no haya personal calificado en el establecimiento, será atendido por el personal capacitado que se encuentre. Puede ser un técnico, un odontólogo o cualquier otra persona capacitada, lo que pone en alto riesgo la salud de la madre y el niño. “El MINSA está poniendo en riesgo la salud pública. El problema es que no habrá una obstetra donde se necesite. No estará en el equipo básico de salud. Nadie va a contratar obstetrices y habrá una tendencia a desaparecer la carrera”, expresó.
Indicó que el MINSA justifica con que no tiene recursos y no se preocupan de generar recursos, sino que derivan el caso a situaciones que van a generar más problemas. “Lo correcto sería implementar mayor cantidad de profesional calificado en las zonas donde se necesita. Hay lugares que tienen mayor mortalidad materna y neonatal. Hay que averiguar qué se está haciendo en esos lugares. Nuestro sentir es hacer que se respeten las leyes, nuestros derechos y de las madres, que deben ser atendidas por personal calificado”, manifestó.
Finalmente señaló que están exigiendo al MINSA que suspenda esa norma que ya tiene más de un mes. Que se revise y se mejore. “33 mil obstetras están siendo afectadas por esta norma. Nuestra profesión tiene la facultad de prescribir, al igual que los médicos y los odontólogos. Tenemos la preocupación que se respeten las leyes, porque esas normas son una partida de defunción para nuestra carrera y crean un peligro y alto riesgo para la población”, concluyó.
