En sesión de consejo regional, se desarrolló una mesa de trabajo para evaluar el estado situacional del proyecto de inversión pública denominado “Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 del Pueblo Joven 03 de Octubre, distrito de Huaral”, ejecutado mediante convenio entre el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Provincial de Huaral desde el año 2016. La reunión fue impulsada por el consejero regional por Huaral, Víctor Hugo Huaccho, quien señaló que la finalidad es destrabar el proceso de transferencia de la obra y garantizar su funcionamiento pleno en beneficio de la población. En la jornada participaron el Procurador regional Luis Pisconte, representantes de EMAPA Huaral – OTASS, Director de infraestructura regional Ing. Víctor Bautista, Coordinador de obras Públicas de Huaral Roberto Gonzales, Ing. Encargado de las liquidaciones de obras Pedro Pereira y la contadora Carmen Luz Oyola Chinga.
Durante su intervención, el consejero explicó que el proyecto fue ejecutado en tres metas entre los años 2016 y 2020, encontrándose actualmente culminado y liquidado por parte del Gobierno Regional. Sin embargo, a la fecha no cuenta con actas de transferencia hacia la Municipalidad Provincial de Huaral, lo que ha impedido su administración formal y operación integral. Esta situación, según indicó, responde a una serie de observaciones técnicas, administrativas y presupuestales que no han sido resueltas pese a múltiples reuniones entre las entidades involucradas.
El director de infraestructura del Gobierno Regional, ingeniero Víctor Bautista, precisó que si bien la obra fue recepcionada por la entidad regional, aún está pendiente la transferencia formal a la municipalidad, conforme lo establece el convenio original. Asimismo, reconoció que existen deudas pendientes por el consumo de energía eléctrica durante el periodo de prueba del sistema, las cuales han limitado la continuidad operativa del proyecto. Indicó que estos pagos estarían siendo gestionados y podrían regularizarse en el corto plazo.
Uno de los principales problemas expuestos durante la sesión fue la sustracción de componentes esenciales del sistema de agua potable, ocurrida durante el periodo de uso provisional. Entre los equipos robados se encuentran sistemas de desinfección, componentes electromecánicos, cableado y otros implementos necesarios para la operatividad del pozo y el reservorio. Esta situación ha generado que el componente de agua potable no se encuentre en funcionamiento, mientras que el sistema de alcantarillado sí viene siendo utilizado parcialmente por la población.
En ese sentido, representantes de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) y de OTASS señalaron que la infraestructura presenta deficiencias técnicas que impiden su recepción formal. Entre ellas, destacaron el deterioro de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), fisuras en el reservorio, ausencia de sistemas de control y desinfección, así como la falta de condiciones sanitarias adecuadas para garantizar la calidad del servicio. Por ello, indicaron que es necesario realizar la reposición de los equipos sustraídos, ejecutar mantenimiento integral y desarrollar evaluaciones técnicas antes de asumir la administración del sistema.
Otro punto crítico abordado fue la falta de definición sobre la responsabilidad por la pérdida de los equipos. Durante el debate, se cuestionó si dicha responsabilidad recae en el Gobierno Regional, la Municipalidad o la EPS, considerando que existió un acta de periodo de prueba donde se establecía el uso provisional del sistema. Ante ello, el procurador regional señaló que corresponde realizar un deslinde de responsabilidades a través de los mecanismos administrativos y, de ser necesario, legales, sin que ello retrase la búsqueda de soluciones para la operatividad del proyecto.
Asimismo, se evidenció que, pese a no haberse concretado la transferencia formal, la infraestructura viene siendo utilizada parcialmente, generando cobros a los usuarios por el servicio de alcantarillado. Esto ha abierto un debate sobre la legalidad de dichos cobros y la administración de los recursos recaudados, considerando que la obra aún no ha sido incorporada oficialmente al patrimonio de la entidad competente.
En el aspecto administrativo, especialistas en transferencias del Gobierno Regional explicaron que el proceso de transferencia es de naturaleza contable y patrimonial, y no debería estar condicionado a la subsanación de observaciones técnicas. En ese sentido, señalaron que la Municipalidad Provincial de Huaral debe recepcionar la obra en el estado en que se encuentra, firmar las actas correspondientes y registrar el proyecto en su contabilidad. Posteriormente, podría transferirlo a la EPS para su operación, lo que permitiría gestionar recursos y ejecutar mejoras necesarias.
Sin embargo, hasta la fecha, la municipalidad no ha respondido a las notificaciones enviadas por el Gobierno Regional ni ha coordinado acciones concretas para la recepción del proyecto, lo que ha generado preocupación en el consejo regional. Incluso se informó que la entidad edil estuvo ausente en la última sesión, lo que fue cuestionado por las autoridades presentes.
El procurador regional advirtió que esta situación evidencia una falta de articulación entre las entidades involucradas y ha generado una prolongada paralización en la formalización del proyecto, que se arrastra por más de diez años. Ante ello, recomendó remitir toda la documentación al área legal del Gobierno Regional para un análisis de responsabilidades y posteriormente a la Contraloría General de la República, a fin de que realice una investigación técnica especializada y determine las acciones correspondientes.
Finalmente, el consejero Víctor Hugo Huaccho señaló que se elaborará un informe integral que será remitido a las instancias correspondientes, incluyendo el despacho de infraestructura y la Contraloría, con el objetivo de evidenciar que la falta de transferencia no responde a la negativa del Gobierno Regional, sino a la falta de recepción por parte de la Municipalidad. Asimismo, reiteró la necesidad de adoptar decisiones urgentes que permitan destrabar el proceso y garantizar el acceso a servicios básicos de calidad para la población del Pueblo Joven 03 de Octubre.
La sesión concluyó con el compromiso de continuar las coordinaciones interinstitucionales, acelerar la elaboración de informes técnicos y legales, y buscar mecanismos administrativos que permitan finalmente la transferencia y puesta en operación total de una obra que, pese a estar culminada, sigue sin cumplir plenamente su finalidad social.
