La Defensoría del Pueblo pidió acciones inmediatas tras el derrame de petróleo ocurrido el año pasado en el mar de Ventanilla, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, advirtió que persiste la vulneración de derechos humanos y urgen acciones concretas y articuladas de parte de cada una de las instituciones competentes; así como información clara y oportuna para las personas afectadas.
Respecto a los recursos hidrobiológicos y actividad pesquera, la Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio de la Producción difundir información clara y oportuna a la población respecto a si se puede efectuar la actividad de pesca artesanal en la zona, teniendo en cuenta que el sector ha señalado que no existen estudios concluyentes respecto a los impactos del derrame en el ecosistema marino y que no existen condiciones para el normal desarrollo de la actividad pesquera.
Asimismo, se encuentra pendiente la presentación del plan de rehabilitación por parte de la Empresa Refinería La Pampilla, cuyo plazo vence en octubre del 2023. Entretanto, la empresa debe continuar las acciones de limpieza en la zona, y el Estado debe continuar con las acciones de evaluación y supervisión, dijo la adjunta para el Medio Ambiente, Lissette Vásquez, durante la citada reunión.
La institución recordó que, si bien se han logrado avances para la atención de los impactos del derrame, como la aprobación del Plan Posdeclaratoria de Emergencia Ambiental en la Zona Marino Costera, espacio que articula a todas las entidades con competencias en la materia, el cual se encuentra en proceso de implementación, resulta necesario mayor difusión de las acciones que se vienen realizando a la población afectada.
En lo que respecta a la identificación de afectados, y ante la falta de implementación de las recomendaciones defensoriales, se viene insistiendo a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Instituto de Defensa Civil atender con carácter urgente, a través de un debido procedimiento y con un enfoque de derechos, las solicitudes de incorporación en el padrón de afectados y reclasificación de actividades productivas.
