La presidenta de la república, Dina Boluarte, ha sido citada por la Fiscalía de la Nación para que declare por la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las 49 muertes ocurridas durante las protestas que se dieron contra su gobierno en diciembre del 2022 y enero de este año.
El abogado Carlos Rivera Paz, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL) y que patrocina a los deudos de las víctimas de Andahuaylas, Ayacucho, Puno y Cusco, informó que el interrogatorio se realizará este miércoles 31 de mayo, a las nueve de la mañana, en la sede del Ministerio Público que se encuentra ubicada en la avenida Abancay.
De esta manera se tratará que Boluarte Zegarra rinda su testimonio por fin luego de una serie de dilaciones que se han dado a lo largo de este año. El 30 de enero pasado fue la primera vez en que la jefa de Estado fue requerida para declarar en forma presencial, pero ella quiso hacerlo virtualmente.
Luego, la siguiente programación fue para el 23 de febrero. Nuevamente, desde Presidencia se solicitó cambiar la modalidad para recoger las declaraciones de Boluarte. Este pedido estaba “sustentado en los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la fiscalía”, explicaron, pero al 25 de febrero tampoco atendían este requerimiento.
Finalmente, el 7 de marzo, Boluarte acudió al Ministerio Público. Sin embargo, la diligencia se suspendió porque el Poder Judicial no había resuelto una tutela de derechos que la Procuradoría General del Estado presentó para anular la ampliación de la declaración ofrecida por el primer ministro, Alberto Otárola, el 16 de febrero pasado.
Benavides abrió investigación preliminar contra Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros ministros para esclarecer cómo se dio el operativo policial y de las Fuerzas Armadas para reducir las violentas movilizaciones de diciembre y enero último.
Los delitos que se imputan a los altos funcionarios son genocidio, lesiones graves y homicidio calificado.