La Fiscalía de la Nación allanó este jueves la casa del expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres como parte de la investigación en su contra por rebelión y conspiración en torno al golpe de estado de Pedro Castillo del pasado 7 de diciembre.
Desde las tres de la mañana, el exprimer ministro de Pedro Castillo se encuentra en su vivienda atendiendo la diligencia del Ministerio Público. Se conoce que Torres no tiene orden de captura porque cumple una orden de comparecencia con restricciones. El juez supremo Juan Carlos Checley había rechazado un pedido de 18 meses de prisión preventiva que había sido formulado por el fiscal Alcides Chinchay.
La orden judicial fue emitida a solicitud del fiscal supremo provisional Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios, quien está a cargo de la indagación. Incluye el permiso para incautar bienes, aparatos electrónicos y documentos hallados en el lugar o en posesión de las personas que estén allí.
También se autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones de Aníbal Torres para poder ver y extraer información de aparatos electrónicos, que incluyen celulares, laptops, computadoras, USB, tablets, discos duros externos; así como cuentas en redes sociales. Todo estos siempre que sean relevantes para la investigación de la Fiscalía de la Nación.
Investigación a Aníbal Torres
El Ministerio Público investiga a Aníbal Torres como couator del delito de rebelión. Se le imputa haber acordado, junto a Pedro Castillo, Betssy Chávez y “terceras personas en proceso de identificación”, disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción sin que se cumpla lo establecido en la Constitución para ello.
Para esto, según la tesis del Ministerio Público, habría aprovechado la condición del expresidente como jefe supremo de la Fuerzas Armadas y la PNP para ordenarles, mediante su mensaje a la nación, que se alcen en armas contra el orden constitucional y contra otros poderes y organismo autónomos. Estos incluyeron el Poder Judicial y la fiscalía, entre otros. Alternativamente, se le imputa el delito de conspiración para rebelión.
La fiscalía incluyó a Aníbal Torres en su investigación en diciembre y pidió prisión preventiva para él junto a Pedro Castillo. El juez Checkley impuso esa medida para el expresidente, pero para el exjefe del gabinete dictó comparecencia con restricciones debido a su edad y problemas de salud. Ambas decisiones fueron ratificadas luego por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, por lo que el extitular de la PCM viene siendo investigado en libertad.
