El Ministerio Público se encuentra investigando, hasta el momento, unos 76 casos de presunta corrupción a nivel nacional, cometidos durante el estado de emergencia decretado el pasado 15 de marzo para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) en el Perú, y relacionados a la entrega de bonos y canastas a la población más vulnerable.
Según informó Omar Tello Rosales, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, estas investigaciones se realizan como producto de los actos de supervisión y de las más de mil acciones de prevención dirigidas a los alcaldes y funcionarios municipales.
“Hemos realizado diversas acciones para verificar si los actos denunciados constituyen delitos. Tenemos muchos casos relacionados al bono de 380 soles, a las canastas solidarias que están siendo repartidas en diversas regiones, así como por actos de peculado y cohecho”, indicó el fiscal en declaraciones a TV Perú noticias.
Tello señaló que, en lo que respecta al pago de los bonos de S/380 soles que fue aprobado por el Gobierno, han encontrado posibles casos en los cuales el dinero fue a parar a manos de personas vinculadas a funcionarios públicos.
“Tenemos diversas modalidades en las que los beneficiarios no ha sido la población más vulnerable, si no justamente gente vinculada a los funcionarios municipales que era algo que ya presumíamos y por eso para ellos fue la exhortación”, señaló.
Las canastas solidarias, de otro lado, habrían sido repartidas con menos productos que los que, en papel, habían sido armadas en diversas regiones del país. Cabe recordar que el Gobierno transfirió más de 213 millones de soles a las municipalidades para proceder con la compra de los productos para estas canastas.
“Por ejemplo, levantaban actas que había 10 víveres y solo entregan cinco. En otros casos, hubo una sobrevaloración de los productos que habían sido comprados para la canasta. Estas anomalías se detectaron en Huancavelica, Ayacucho, Nauta, Maynas, Piura, además de Madre de Dios”, manifestó el fiscal Tello.
El representante del Ministerio Público concluyó recordando que también están indagando en presuntas irregularidades en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Salud (Minsa), caso que se encuentra en manos del fiscal de Lima Andrés Montoya.
El estado de emergencia, que incluye medidas de aislamiento social y de inmovilización obligatoria como medidas para evitar el contagio de coronavirus (COVID-19), fue decretado el pasado 15 de marzo, y se ha extendido en dos oportunidades. Actualmente, tiene como fecha final el 26 de abril.
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