El ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció que el sector a su cargo está trabajando en una normativa que busca castigar con una pena no menor de 5 años de cárcel a las personas que porten armas de fuego sin la debida autorización.
“Vamos a ser muy enérgicos en la portación ilegal de armas (de fuego). Va a ser prisión efectiva el porte ilegal de un arma. Si yo tengo un arma ilegal en mi bolsillo eso significa cárcel efectiva. No me refiero a las personas que tienen un problema administrativo o de renovación”, subrayó Basombrío.
Dijo que en el Perú existe un gran problema de ingreso ilegal de armas de fuego, así como de armas que son alquiladas, clandestinamente, por malos efectivos de las fuerzas del orden.
“Vamos a hacer operaciones cerrojo y el que tenga un arma ilegal a la cárcel efectiva de 5 a 6 años. Guerra avisada no mata gente. Si usted no quiere ir a la cárcel por portar un arma ilegal, para hacer un delito, aténgase a las consecuencias”, manifestó.
Basombrío explicó que esta propuesta forma parte del paquete medidas que se tienen proyectadas realizar en el sector Interior dentro del plan de 100 días para combatir la delincuencia y reforzar el tema de la seguridad ciudadana.
Dijo que otro punto importante, y que ya se ha reestablecido, es el patrullaje integrado entre serenazgo y la Policía, en respuesta a una demanda de los propios alcaldes provinciales y distritales a escala nacional, como una medida para combatir la delincuencia.
En otro momento, Basombrío confirmó la propuesta para incluir en el recibo del servicio de energía eléctrica de cada vivienda un porcentaje muy pequeño por concepto de seguridad o serenazgo.
“Será escalonado. Los más pobres no pagarán más de un sol al mes. Le pongo el ejemplo de San Juan de Lurigancho, donde deben haber 500 mil recibos de luz. Solo pensando que va a ser un sol por recibo, ese distrito va a tener medio millón de soles al mes para invertir en seguridad”, anotó.
Dijo que esta medida ayudará a las municipales a incrementar sus presupuestos destinados a la seguridad ciudadana y que muchas veces se ven limitados por problemas de morosidad en el pago del servicio de serenazgo, que viene incluido en los recibos de arbitrios.
Aclaró que esta medida incluirá la obligación de que el alcalde de este distrito convoque a una audiencia pública para que informe en qué gastó ese dinero, porque de lo contrario se acabará el convenio con la compañía de luz.
“Eso replíquelo en todo el Perú y creo que vamos a tener un cambio muy interesante. No se está creando ningún impuesto. Se está ayudando a cobrar una muy pequeñita (suma) que, al sumarse, va a hacer que la injusticia entre distritos que si pueden brindar seguridad frente a otros que no pueden disminuya significativamente”, manifestó.
De otro lado, dijo que el programa de recompensa del Mininter viene dando buenos resultados, tanto en Lima como en provincias, y que a la fecha ya se han detenido al 10% de las personas que están incluidas en esta lista.
Al respecto, dijo tener la ambición de llegar a capturar a 1,000 requisitoriados por la justicia en los próximos días y que, para ello, es necesario aumentar a 10,000 el número de personas incluidas en este programa de recompensas.
“Si los vamos poniendo en el programa de recompensas y los vamos deteniéndolos, y si lo masificamos, se produce un nuevo fenómeno que es que el delincuente tiene que mirar su espalda”, subrayó.
Finalmente, anunció que próximamente estarán en operación 3,000 vehículos que estarán patrullando en distintas zonas del Perú, una vez que se las compañías que lo vendieron al Perú cumplan con algunos compromisos plasmados en los contratos de compra.
