Ante la cercanía del feriado largo por Semana Santa, el Ministerio de Cultura recuerda a las autoridades y ciudadanía en general que tales ocasiones suelen ser aprovechadas para propiciar invasiones, alentar excavaciones clandestinas y ejecutar obras no autorizadas en los sitios arqueológicos y monumentos históricos. Por tal motivo, este portafolio recuerda que la legislación sobre la materia establece claramente que los sitios arqueológicos son propiedad del Estado, incluyendo sus partes integrantes y/o accesorias así como sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente que se hallen ubicados en predios de propiedad pública o privada.
Por lo tanto, no pueden venderse, ocuparse ni utilizarse para cualquier finalidad distinta a las investigaciones arqueológicas. Asimismo, cualquier intervención en un sitio arqueológico o monumento histórico patrimonio de la Nación requiere obligatoriamente de la autorización del Ministerio de Cultura.
Para aquellos que contravengan lo dispuesto por la Ley, existen sanciones administrativas de hasta 1,000 Unidades Impositivas Tributarias (1 UIT equivale a 3,850 Nuevos Soles), incluyendo el decomiso de los medios e instrumentos utilizados. Asimismo el Código Penal prevé sanciones de 3 a 6 años de cárcel para los infractores, y de 3 a 8 años para los que los promueven e inducen.
Dentro de la Región Lima, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural ha recibido alertas sobre posibles invasiones a los sitios de: Cerro Colorado (Distrito de Santa María, Huacho), Shaura (Paramonga-Barranca), La Quipa (Pucusana), Bandurria y “Conchal de la Isla de Chuncho” (Pucusana), y Huaycán de Pariachi (Ate). Asimismo, continúan las invasiones en progreso en Necropolis Miramar (Ancón), San Pedro de Mama y Tres Marías (Ricardo Palma/Huarochirí), Caleta Vidal (Supe), Cerro Vispán y Chacra Socorro (Huaura), Chancayllo y Laure (Chancay-Huaral). Igualmente se han detectado obras no autorizadas en la provincia de Canta.
El Ministerio de Cultura ha efectuado las coordinaciones del caso para la protección de estos y otros sitios arqueológicos con el Ministerio Público y con la Policía Nacional del Perú.
