Inicio ACTUALIDAD Destacados Primera cárcel privada en Huaral entrará en funcionamiento dentro de 18 meses.

Primera cárcel privada en Huaral entrará en funcionamiento dentro de 18 meses.

Mientras autoridades huaralinas hacen mutis

Ministro de Justicia, Víctor García Toma
Ministro de Justicia, Víctor García Toma

Según el Plan Piloto elaborado por el Ministerio de Justicia el primer centro penitenciario administrado por el sector privado, entrará en funcionamiento a más tardar en un año y medio.

Así lo anunció el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien precisó que dicho recinto estará ubicado en Huaral y albergará a 1,536 reos primarios.

Hizo recordar que en abril la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) aprobó las bases para licitar dicha obra, a fin de que una empresa privada tenga a su cargo la administración de ese centro penitenciario.

“Se espera que este plan piloto (de centro penitenciario privado) se implemente a más tardar en un año o año y medio, esto ya está en plena ejecución”, señaló.


García Toma informó también que su sector elabora un proyecto de ley para exceptuar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de los alcances de la Ley General de Presupuesto de 2010 y permitir el nombramiento de 500 agentes de seguridad.

Anotó que de aprobarse esta propuesta, el déficit del personal penitenciario se reducirá a 1,500.

Refirió que está en proceso de elaboración el proyecto de ley del Servidor Penitenciario, el cual implementará un sistema de carrera para los trabajadores penitenciarios.

En otro momento, el titular de Justicia estimó que en un mes y medio estará listo el reglamento de la Ley de Vigilancia Electrónica y destacó la importancia de esta norma por cuanto va a contribuir al deshacinamiento de las cárceles en el país.

INPE tiene a su cargo 71 centros de reclusión a nivel nacional en los que purgan condena y están presos 44,668 internos, siendo su capacidad instalada, según esta institución, 24,984.

El ministro García Toma se presentó esta tarde ante la Comisión de Justicia del Congreso donde expuso los lineamientos de su sector y sustentó el proyecto del Ejecutivo que plantea la inmediata aplicación del Código Procesal Penal para los casos de corrupción.

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