Fujimori admitió su responsabilidad en los cargos que se le imputa. Así su sentencia se dictará este miércoles. La Fiscalía pide 8 años de prisión y un pago de S/.5 millones a favor del Estado y S/.3 millones en forma proporcional para agraviados por “chuponeo”.
El miércoles 30 de setiembre a las 11:00 horas la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictará sentencia en el juicio que se sigue al ex mandatario Alberto Fujimori, al acogerse el proceso a la figura legal de conclusión anticipada, aceptando la totalidad de la acusación fiscal.
“Mediante el artículo 5º de la Ley 28122 se declara formalmente la conclusión anticipada a los debates orales y estando a lo dispuesto se emitirá sentencia el próximo miércoles, a las 11:00 horas”, indicó el magistrado Víctor Prado Saldarriaga, previa consulta con los demás integrantes del colegiado.
Con un escueto: “estoy conforme”, el ex presidente Fujimori aceptó la acusación fiscal leída por el representante de la Fiscalía de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, la que luego también fue aceptada por el encargado de su defensa legal, César Nakazaki.
El abogado, agregó que la “conformidad voluntaria” expresada por Fujimori Fujimori se debe a que existe una “convicción” de que no habría “imparcialidad” por parte de la sala que juzga a su defendido.
Ambas partes se mostraron a favor de la medida, en tanto la parte civil como del Estado se mostraron a favor de la misma, no obstante que el procurador Pedro Gamarra pidió que se tomase en cuenta en la sentencia una reparación civil de 24 millones 60 mil 216 nuevos soles.
Ello debido a que los dineros para la compra de Cable Canal de Noticias y el diario Expreso, que formaban parte del erario nacional, no fueron devueltos, por lo que se generaron intereses por 16 millones 60 mil 216 soles, los cuales, junto a los cinco millones pedidos por la Fiscalía suman la cantidad pedida por la Procuraduría.
La presentación de la acusación fiscal, realizada por el fiscal José Peláez Bardales, fue dividida en los casos de “interceptaciones telefónicas”, “control ilegal de medios de comunicación” y la “compra ilegal de congresistas tránsfugas”.
