El Tribunal Constitucional (TC) dará prioridad a la resolución de la demanda de inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo contra la ordenanza de Región Puno que viabiliza la legalización de los cultivos de hoja de coca, dijo el magistrado Ernesto Álvarez Miranda.Indicó que es necesario dar celeridad a dicha demanda para evitar que, mientras se procesa dicha acción y se mantenga vigente la ordenanza, eventualmente se amplíen los cultivos ilegales de hoja de coca.
«Indudablemente esa demanda debe tener prioridad, es necesario. Ahora son varios procesos de inconstitucionalidad los que está conociendo el Tribunal, pero se dará la mayor premura y la mayor atención a esta demanda», declaró a la agencia Andina.
El Gobierno Regional de Puno, que encabeza Hernán Fuentes, emitió recientemente una ordenanza que declara a la hoja de coca «patrimonio regional y cultural», establece la elaboración de un nuevo padrón de productores, y suspende la erradicación forzosa.
Al respecto, Álvarez Miranda manifestó que los siete magistrados del TC deberán evaluar si la demanda del Ejecutivo y la ordenanza regional difieren mucho de los anteriores casos que el Tribunal resolvió en el año 2005.
«En principio, el TC lo que hizo en aquella ocasión fue interpretar la Constitución y fue interpretación literal y sistemática. Para que este caso sea diferente y merezca una sentencia diferente, tendría que tener elementos que difieran de los primeros casos», explicó.
Durante aquel año, los gobiernos regionales de Huánuco y Cusco emitieron ordenanzas similares para favorecer a los cultivos de hoja de coca, y el TC las declaró inconstitucionales por afectar la potestad del Ejecutivo en dictar políticas de gobierno nacional en esa materia.
El magistrado sostuvo que por el momento desconoce los términos de la demanda anunciada en la víspera por el presidente de la República, Alan García, la cual deberá ser analizada a base de la jurisprudencia ya establecida.
«Si se tratara de lo que está en discusión es únicamente la posibilidad de que una región modifique la política que contiene elementos para combatir el tráfico ilícito de drogas, entonces tendría que ser ratificarse porque esa política corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo», opinó.
Pero si hubiese elementos diferentes, como los que menciona el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, aseveró que esos factores tendrían que ser considerados al momento de emitir sentencia.
Álvarez Miranda sostuvo que el TC es bastante respetuoso de su propia jurisprudencia, pero aclaró que la puede modificar cuando hay razones suficientes que informen de que ha habido cambios en la sociedad o en la ponderación de los elementos de un caso.
«Pero si son temas de una claridad meridiana, como a quién le corresponde la política educativa o de lucha contra el narcotráfico, allí no hay mucho que interpretar o desarrollar», precisó.
De otro lado, el magistrado lamentó que algunos gobiernos regionales busquen el enfrentamiento con el Gobierno Central, cuando lo ideal -según opinó- es coordinar criterios y acciones para impulsar una política tan importante como la lucha contra el narcotráfico.
«La región, en lugar de buscar el enfrentamiento con el Ejecutivo, cosa que le puede dar rédito político inmediato, lo que a largo plazo va a fortalecer el proceso de regionalización es el trabajo coordinado y la búsqueda de resultados concretos», acotó.
Fuente: Andina Noticias.
