El Poder Ejecutivo presentó hoy al Congreso de la República el proyecto de ley que prohíbe la aplicación de medidas correctivas que atenten contra la integridad física y psicológica de menores de edad en el hogar, la escuela y en cualquier otro ámbito.
La iniciativa es impulsada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Jara Velásquez.
El proyecto de ley Nro 944/2011-PE plantea modificaciones a diversos artículos del Código de los Niños y Adolescentes, así como del Código Civil.
La iniciativa está orientada a prohibir expresamente el uso de la violencia como una forma de corrección.
En ese sentido se propone modificar el artículo del Código de los Niños y Adolescentes referidos a la atribución de los padres y madres de corregir a sus hijos, eliminando la palabra “moderadamente” y reemplazándola por la prohibición expresa de “corregirlos sin atentar contra su integridad personal”.
En relación al ámbito escolar, la titular del MIMP precisó que el proyecto establece la prohibición de aplicar medidas correctivas que atenten contra la integridad de los niños y las y los adolescentes.
En cuanto a los programas para las víctimas de violencia, considera que la niña, el niño o adolescente vÍctima de maltrato, trato cruel o degradante o cualquier otra forma de violencia física, psicológica y/o sexual tendrá derecho a la atención integral a través de los programas que promueven su recuperación.
Dicho servicio estará a cargo del Ministerio de Salud, los que deberán incluir a la familia.
La propuesta de ley de cinco artículos y dos disposiciones complementarias finales, elimina además el término “prostitución” porque cuando se trata de niñas, niños y adolescente esta figura constituye explotación.
La titular del MIMP explicó que el proyecto no pretende anular la posibilidad de los padres de corregir y educar a sus hijos y, por el contrario, estimula la posibilidad de cumplir con esta obligación, pero de manera que se garantice la protección a los menores. “Demostraremos que sí es posible educar con afecto y respeto”, indicó.
Aseguró que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es una problemática que amerita una atención urgente y articulada.
Por ello la propuesta de ley de cinco artículos y dos disposiciones complementarias finales, incorpora también la obligación de los Gobiernos Regionales y Locales de promover y establecer programas preventivos de protección y atención orientados a prevenir y reducir los efectos de la violencia dirigida contra la niña, el niño y los y las adolescentes.
