Si el premier Salomón Lerner dejó dudas al afirmar primero que la primera dama Nadine Heredia participaba en algunas de las sesiones del Consejo de Ministros y luego se desdijo, ayer no quedó dudas de la directa interferencia de la esposa de Ollanta Humala en las decisiones del Poder Ejecutivo.
Fue luego de revelarse el contenido de una carta enviada por Heredia al ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, en la que le exige resolver un tema específico.
En efecto, la misiva, membretada con el logo «Nadine Heredia Alarcón-Primera Dama de la República», la esposa de Humala le indica a Herrera Descalzi que ha recibido un pedido de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) para ver el caso de la laguna Parón, en Áncash, la cual se ha visto afectada por la minería y la explotación hidroeléctrica.
Por ello, Nadine le indica a Herrera que realice la evaluación del caso y le exige una «pronta respuesta» .
Según la carta mostrada en el programa Ajuste de cuentas, de Willax TV, el ministro provee de este pedido a sus dos viceministros y de su puño y letra escribe: «Evaluar e informar a la Primera Dama».
¿SÓLO SE DERIVÓ? Al respecto, la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República emitió un comunicado sobre el tema señalando que Heredia, «en su calidad de Primera Dama, recibe diariamente múltiples pedidos de audiencias, invitaciones, denuncias y casos de ayuda humanitaria».
Agrega que con fecha 3 de setiembre del 2011, recibió una carta de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) sobre el caso de la laguna Parón, ubicada en la provincia de Huaylas–Ancash, la cual ha visto afectada su ecología por presencia de la actividad hidroeléctrica y minera.
Ante ello, luego de tomar conocimiento del caso -indica el comunicado- se derivó la solicitud al Ministerio de Energía y Minas, solicitando la evaluación del documento enviado y la respectiva respuesta a la Comisión Episcopal de Acción Social.
USURPACIÓN DE FUNCIONES. El tema causó rechazo en legisladores de oposición. El congresista Carlos Bruce aclaró que «la Primera Dama no tiene ningún rol dentro del Ejecutivo, ya que ella no ha sido nombrada por la población y no tiene la facultad para pedir información a los ministros de Estado».
«Los que tienen esta autoridad son los congresistas como lo establece la Constitución y ella no lo es», dijo. Por ello, consideró que su proceder estaría enmarcado en un delito de «usurpación de funciones».
Por su parte, el constitucionalista Raúl Ferrero indicó que Heredia «no está facultada para solicitarle información al ministro y él no tiene por qué informarle porque no está obligado».
«Ella no es parte del Poder Ejecutivo, ningún ministro está obligado a tomar esa carta como si fuera una obligación, no debería», opinó.