Como mujer y operadora del derecho, debo de sentirme feliz, porque la semana que acaba de terminar, la Comisión Permanente del Congreso aprobó vía dictamen que la VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PERÚ ES UN DELITO ¡
Feliz en parte, porque este derecho se viene exigiendo insistentemente hace muchos años. Hoy a la luz de la práctica, estoy consciente que la violencia familiar tiene sus orígenes desde el comienzo de la vida misma del individuo.
Antes, permítanme hacer de su conocimiento precisiones de la nueva ley, mandato que a partir de ahora deben de tener muy en cuenta los hombres y mujeres que incurren en la violencia familiar, trayendo como consecuencia: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual.
- Cuando la víctima de la agresión es menor de 14 años de edad y el agente es tutor, guardador o responsable de la niña/niño, la pena privativa de la libertad es entre 5 a 8 años, además de la suspensión de la patria potestad.
- Para las lesiones graves: sanción carcelaria entre 5 y 10 años. Si la víctima fallece como consecuencia de la lesión y el agresor(a) pudo prever el resultado, la pena fluctúa entre 6 a 12 años, la norma precisa otras formas agravadas adicionales.
- Lesiones leves: se mantiene el Art. 122 B del Código Penal en el sentido que la lesión debe ser entre 10 a 30 días de asistencia o descanso, reprimido por pena carcelaria entre 3 y 6 años y suspensión de la patria potestad.
- En cuanto a la Policía Nacional, determina que están impedidos de buscar la conciliación familiar, bajo responsabilidad, se excluye el caso de faltas. Además las comisarías deberán contar con fichas de registro de la violencia familiar.
- En cuanto a la labor de la Fiscalía, recibida la petición o apreciación de oficio de los hechos, el fiscal en 48 horas deberá dictar las medidas de protección inmediatas. Podrá solicitar la detención del agresor ante el juez penal competente, quien decretará dicha medida dentro del plazo de 24 horas.
- En cuanto al Ministerio Público, la expedición de los certificados médicos y exámenes complementarios gratuitos.
- En cuanto al sector educación, se obliga a los educadores a denunciar los actos de violencia familiar bajo responsabilidad.
Bien, pasaré ahora a explicar el porqué de mi felicidad «en parte»:
- Se sigue considerando como faltas las lesiones de hasta 10 días de incapacidad causadas en un acto de violencia familiar; y la sanción prevista sigue siendo «trabajo comunitario». Es decir, si a una mujer, hombre o niño le producen un maltrato físico, que el médico legista certifique que 10 días está incapacitado para realizar labor alguna producto de los golpes, sólo es falta¡¡. Es que acaso el agresor(a) tiene que dejar entre la vida y la muerte a su víctima, para ser delito?. En cuanto a la sanción también sigue siendo irrisoria, el agresor(a) va a ser sancionado con «trabajo comunitario» cuál trabajo comunitario?, si nadie lo cumple¡¡ si realmente las autoridades hicieran que se cumpla esta pena, todas las ciudades del Perú estuvieran limpias y ordenadas en todo sentido, este victimario realizaría su «trabajo comunitario» arreglando jardines, cuidando y limpiando parques, pintando las señales de tránsito en las pistas, ayudando en las casas de niños y ancianos abandonados, etc. Este trabajo traería 2 consecuencias: El Estado ahorraría dinero por las horas/hombre realizadas en este tipo de labor; y el agresor(a) cambiaría su comportamiento violento hacia los integrantes de su hogar.
- El dictamen aprobado faculta a la Policía Nacional a propiciar la conciliación en los casos de violencia familiar que sean tramitados como faltas. Analizando los casos de rutina sobre violencia familiar, en su mayoría son los que reciben o van a recibir la incapacidad de 10 días. Según las últimas estadísticas del MINDES hasta mayo de este año se han recibido a nivel nacional 18,253 denuncias de violencia familiar y sexual (1). Cada hora en el Perú, 10 mujeres son víctimas de todo tipo de violencia. La mujer muchas veces por miedo a que otra vez la maltraten va a conciliar, ella sabe que va a seguir siendo maltratada, humillada y abusada, pero no tiene la voluntad de salir de este círculo vicioso, su baja autoestima y su falta de seguridad, va a permitir que perdone una y mil veces al agresor. Por supuesto que ese perdón se invoca «en nombre del amor y de los hijitos». Hombres y mujeres tenemos la culpa que este flagelo siga creciendo, en mi opinión personal, recae en nosotros las mujeres mucho más culpa, porque callamos y permitimos que este maltrato alcance a nuestros hijos, sin querer darnos cuenta que esos niños están creciendo con la idea que un hogar es «normal» con este tipo de comportamiento. Entonces, si se sigue conciliando, el agresor(a) no recibirá sanción penal, indicándonos esta situación que hay falta de voluntad del legislador para brindar una sanción efectiva y ejemplar a quien incurra en actos de violencia. Al quedar impune, simplemente cada vez que le de la gana el agresor(a) maltratará a los seres que debe amar y respetar toda la vida: su familia.
- Esto es sólo en cuanto a la violencia física, y cómo hacemos con la violencia psicológica y la violencia sexual?. La violencia psicológica no se ve, es subjetiva, yo diría que es la peor violencia al igual que la sexual. La víctima es insultada, amenazada, pisoteada en todos sus derechos y tan igual que la violencia física, el miedo la paraliza. Mujeres, por favor no callen ni encubran la violencia sexual que han sufrido sus hijos, nosotros somos padres, no somos dueños de su destino. Es vergonzoso saber que algunos malos padres tranzan con el violador por una suma de dinero, destrozando la vida de sus hijos. Piensen, la vejez viene sí o sí, y el dedo acusador de estas criaturas nos perseguirá por siempre. El violador tiene sólo un lugar: la cárcel y de por vida¡
Señor Presidente, antes de promulgar e implementar la norma, está dentro de sus facultades observarla, sancionemos drásticamente los actos de violencia familiar, no hay que permitir la conciliación, si queremos erradicar esta violencia que trae daños de por vida, hagámoslo ahora, hagámoslo ya¡
Por. Betty Leonor Ochoa Ferreyra
- Estudio Jurídico Ochoa Ferreyra & Asociados
- Teléfonos: 2461600 – 2242059 – 999838249
- Email: bettyochoa27@yahoo.com
- www.mimdes.gob.pe/pncvfs/estadisticas.htm