hPuno no quiere más concesiones mineras, ¿Cómo ve este asunto en el momento actual?, ¿por qué se llega a esta situación?
La operación Santa Ana de Bear Creek tuvo una fase de exploración, pero cuando entra a fase de perforación, llegan estos problemas. De acuerdo a la Ley General de Minería, la prospección y cateo es libre en el Perú, cuando quieres hacer sondajes y perforación diamantina tienes que hacer un Estudio de Impacto Ambiental semi detallado, y tener los permisos del Ministerio de Energía y Minas. La relación con las comunidades ha sido tranquila y no ha habido problema, pero cuando pasas a la fase final de exploración para hacer el EIA, que se apruebe y de ahí a la fase de explotación, es que han saltado todas estas comunidades. Tienes tres provincias del sur del lago Titicaca que están uniéndose para reclamar como máxima que no haya minería en el departamento. Pero ese es un absurdo porque nadie podría reemplazar en las finanzas públicas del gobierno regional los 50 millones del canon minero, y nadie puede reemplazar en sus municipios los 130 millones. En segundo lugar, estas provincias son aimaras, al otro lado de la frontera está el dirigente Mallku y el movimiento aimara basado en la ciudad de El Alto en Bolivia. Desde el 2009 tienes la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia, que incluye dentro del texto constitucional la resolución 169 de la OIT, mediante la cual reconoce como parte del Estado a 38 pueblos originarios, tres en los Andes, cinco en El Chaco y 30 en la Amazonía.
Los indígenas en Bolivia han logrado cierto status y mejorías. Entonces, tienes un gobierno nacional, nueve departamentos, gobiernos provinciales y distritales, y los territorios de comunidades originarias, grupos que tienen mandos sobre ciertos espacios geográficos. Tienes un desorden administrativo. Qué sucede si una comunidad originaria queda entre dos distritos, ¿quién manda, el alcalde o el apu? Los apus están teniendo en Bolivia manejo de recursos públicos.
Los aimaras del lado peruano, son primos hermanos de los que están al otro lado de la frontera. Lo que está buscando el movimiento aimara en Puno es un cambio constitucional, que no puede otorgar el gobierno regional.
¿Considera que el paro trasciende el tema de las concesiones mineras?
Por supuesto. Es la punta de lanza de un cambio constitucional en el Perú. Le piden a este presidente regional, que como quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones, hizo demasiados compromisos para ganar en la segunda vuelta. También hay elementos de la dinámica política local, pues él no tiene mayoría en el concejo regional que lo está arrinconando. Ha tenido que firmar el pedido del concejo para que no haya concesiones mineras y petroleras en Puno. El texto de la ordenanza regional es muy similar al aprobado por el concejo regional de Cusco hace 18 meses, un texto que fue objetado por el Estado peruano. El Tribunal Constitucional dijo que las ordenanzas regionales sobre recursos naturales no podían ser dadas por los gobiernos regionales, pues son potestad del gobierno central. Sabiendo que se había desestimado esa ordenanza, tanto al señor Acurio, presidente de Cusco, como al señor Mauricio Rodríguez, de Puno, sus consejos regionales han obligado a firmar de nuevo estas ordenanzas, a pesar que no tienen valor constitucional.
Además que no dicen una sola palabra de minería informal, que existe en la provincia de Putina, en la Pampa de Ananea, la Rinconada, Pampa de la Luna, o en el río Suche, casi en la frontera con Bolivia. De ese tema no han dicho nada.
Pareciera que las poblaciones de esas zonas desconocen que se benefician del canon minero, o simplemente no perciben esos beneficios.
Sí se están beneficiando del canon. Existe una transferencia importante de recursos, ya mencioné cuánto reciben por canon tanto el gobierno regional como los municipios.
Se sabe que las autoridades políticas de Cusco y Puno son muy corruptas, y en consecuencia estos beneficios no llegan a los pobladores…
Ahí debe tener una campaña informativa el Estado peruano y sobre todo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿A quién le interesa que se sepa que se están transfiriendo los recursos? A las empresas y al Estado. Si escuchas el discurso de la gente existe demasiada demagogia porque se dice que las empresas no pagan impuestos. Pero si no pagas impuestos, ¿cómo tienes canon?
Entonces falta información…
Por supuesto. El Estado no tiene operadores políticos, ni prensa en la zona. Entonces tienes población campesina poco instruida con mucho miedo respecto de cómo será su vida si viene una minera. A esos miedos primarios, le pones un poco de ideología y exacerbas las fobias, y tienes como resultado marchas campesinas donde preguntas el porqué de la marcha, y dicen que les van a quitar el agua. Ello porque nadie explicó que el proyecto sólo usará 5% del manejo de agua en la cuenca. Pero, ¿quién informa eso?, ¿quién le explica a la población? Si a eso sumas operadores de ONG más partidos políticos que se oponen a la inversión privada, ¿quién va a ganar en la cancha? Además que no existen partidos políticos que tengan presencia provincial y regional.
¿Existe una crisis de partidos políticos?
De partidos capitalinos porque sí existe dinámica de partidos provinciales y regionales, al fin de cuentas hijos putativos de viejos partidos de izquierda, de las distintas facciones que quedaron en la dinámica regional, que se reconstituyen y forman grupos como Raíces, el partido que ganó las elecciones en Puno. Allá hubo 18 partidos para las elecciones regionales., de los cuales 14 venían de distintas facciones de la izquierda.
Existe una falta presencia de partidos de centro y derecha, que al parecer no les interesa estar en esas zonas…
Los partidos políticos nacionales son una presencia principalmente limeña y de las principales ciudades. Pero el Perú profundo lo han dejado a todas estas variantes herederas de la izquierda más reaccionaria.
Pero, esta visión estatista también fue defendida por los gobiernos militares.
Es importante entender la nueva dinámica de la izquierda latinoamericana. Cuando cayó el muro de Berlín, la izquierda se preguntó como poner en jaque al capitalismo, y entonces entraron dos asuntos, los derechos humanos y el tema medioambiental. Desde posiciones de izquierda que se alimentan de este mensaje indígena tradicional, existe esta visión del buen vivir, un concepto de integración del hombre con la naturaleza en el cual no permiten que existan monopolios y oligopolios, donde la palabra ganancia es una mala palabra, que es un no al consumismo burgués de la sociedad occidental.
De ese buen vivir sale esta relación de que no puedes afectar a la pachamama. Todas las industrias extractivas (gas, minería, petróleo, hidrocarburos) la afectan, en consecuencia estamos en disonancia con la naturaleza. Entonces existe todo un movimiento post extractivista, que dice que las economías latinoamericanas deberían salir de estas actividades porque dañan el medio ambiente y deberíamos como sociedad replantearnos nuestros niveles de consumo, el cómo vivimos y cosas por el estilo.
Es el mensaje detrás de las constituciones de Ecuador y Bolivia. Pero a su vez, el gran problema de ambos países es que siguen viviendo de la extracción de sus recursos naturales.
Petróleo en el caso ecuatoriano y gas en el caso boliviano.
El 60% de las exportaciones del Ecuador son petróleo, y el 32% de las bolivianas son minerales, y 40% representa el gas. El 70% de las finanzas públicas del país altiplánico se basan en gas. Entonces, ¿cómo plantearte una economía post extractivista si las necesidades fiscales de tu país para tener educación, salud, etc., provienen de los recursos naturales? Por eso, en estos momentos Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia están enfrentando a sus movimientos indígenas internos, pues las urgencia fiscales para cumplir con salarios y las necesidades básicas de la población provienen de la extracción de recursos naturales. Por otro lado, al haberle otorgado estos derechos de consulta y derecho soberano sobre el territorio y haber dicho que los propietarios de los recursos naturales son del pueblo, éste dice ‘dame pues’. Cuando metes todos estos procesos de consulta, retrasas las inversiones. Por un lado, le has ofrecido un mundo post extractivista a esta gente, pero no lo puedes financiar.
Y la gente considera que existe un doble discurso.
En este momento, Oxfam se está enfrentando a Evo. Son Estados quebrados porque nadie pondrá una planta de microchips ni de televisores plasma en Bolivia. Ellos seguirán viviendo de sus recursos naturales, y lo peor es que no han industrializado ni una molécula. Es decir, nacionalizaron los hidrocarburos pero lo siguen vendiendo igual y no le han hecho ninguna transformación, siguen vendiendo materias primas. El motivo es que no existen condiciones de inversión en esos países, y como piensan que son industrias estratégicas creen que el Estado debe ser el dueño de todo o de 51% del negocio.
Significa que esos Gobiernos no fomentan la industrialización de sus países.
No tienen una visión moderna en la cual puedes asociarte en iniciativas empresariales con el sector privado. Su visión es si esto es estratégico y pertenece al pueblo, tienes que darme más del 50%, pero no te ponen carretera, luz, agua ni desagüe, ni nada.
Constitucionalmente en Bolivia están prohibidos los monopolios y oligopolios, no tienes un entre regulador, ni castigas la posición de dominio. Entonces, mañana no es raro que intervengan las cementeras, las empresas lecheras o la cervecera en Bolivia, porque son oligopolios en ese país.
Regresando al tema de Puno, ¿como se podría resolver esto?
Para quienes piensan que se resuelve metiendo bala, están equivocados, porque todos están esperando el primer muerto, para que todos los medios internacionales y redes condenen el gobierno fascista y neoliberal que mata a los pobres.
Hasta ahora nadie olvida el Baguazo…
Se ha empezado una causa judicial contra los policías de la Curva del Diablo. Pero, ¿quién velará por los 14 policías que fueron ejecutados, rendidos, en la estación de bombeo Nº 6?, ¿por qué el IDL y Aprodeh no sacan cara por ellos? Sólo se ve los derechos humanos de los indígenas y ciudadanos muertos en el enfrentamiento. Pero ¿quién es responsable de la ejecución de los policías, por qué los organismos de los derechos humanos no velan por los derechos de todos? ¿Lo único que quieren es hacerle juicio al Estado peruano para sacarle plata por la gente que murió en esa zona? Si uno quiere tomar una comisaría como sucedió en Bagua y Utcubamba, no te van a recibir con una palmadita en la espalda. Sí hubo un enfrentamiento.
La gente cree que el Perú es Lima, y no se le prestó atención al tema hasta mucho tiempo después.
Se dejó crecer y se engañó a la gente. El Estado postergó decisiones, y no les dio cauce democrático que era discutir esto en la Comisión de Constitución del Congreso, sobre todo los ocho decretos legislativos observados. La Comisión tuvo el informe listo en diciembre del 2008, pero Velásquez Quesquén nunca dejó que se discuta. Y el 4 de Junio, el Estado peruano también se hizo el loco y no aprobó los cambios que dijeron que iban a hacer en el Congreso.
En el caso de Puno, ¿cuál sería la opción?
Debe haber una importantísima campaña de información, pues tienes personas que han sido llevadas de oídas por el primo, el hermano o el dirigente en los cuales confían, pues no confían en el Estado.
Sin embargo, en esas zonas lo único que existe es presencia del Estado.
No existe una presencia informativa. Puede haber comisarias, jueces de paz, colegios públicos, pero esas instituciones no están encargadas de informar a la población lo que sucede.
Quizá tampoco brindan un servicio adecuado, si no no existirían tantas quejas.
En esas zonas, los colegios son unidocentes multigrado, con alumnos desnutridos que reciben educación en entidades que no están bien establecidos, sin ambientes ni facilidades para los estudiantes. Existe una fuerza pública que muchas veces es parte del delito, en la zona aimara existe contrabando y narcotráfico.
Curiosamente, la policía y el ejército sí están presentes en la zona.
Pero la autoridad no se ejerce, o son cómplices o partícipes de negocios ilícitos. Entonces tienes que llegar con mucha información y explicar que la minería en Puno significa tanto y trae tales beneficios, que las empresas mineras que operan con licencia formales tendrán controles del Estado en el tema social y ambiental, y que si tiene alguna queja, puede llamar a tal institución. Y que las instituciones cumplan su rol, Osinergmin y la Oefa. A ojos de la población, al Estado se le ve sesgado a favor de las empresas, que no es un juez justo, no es imparcial.
La Defensoría del Pueblo…
La Defensoría llega cuando hay muertos y heridos, pero ¿cuál es su peso específico más allá de una presencia moral?
La Defensoría realiza informes sobre los conflictos en el país, y avisa dónde existen aquellos que son socio ambientales. ¿Todos los conflictos socio ambientales tienen las mismas características que Puno o presentan diferentes motivos?
El tema de la minería empieza con un tema de los recursos en el espacio donde se plantean las concesiones, el agua y tierra. Son los primeros miedos de la población circundante a la operación minera. ¿Me botarán de mis tierras?, ¿permitirán los caminos tradicionales por donde me desplazo?, ¿comprarán mis tierras?, ¿que será de mi vida futura? Respecto del agua, se preguntan si consumen el agua, qué harán y cómo quedarán sus animales y campos. A nivel de información estatal, deben explicarle de lo que se trata el proyecto minero, caso por caso, y ese esfuerzo del Estado no existe.
¿Quién debe hacerlo, el Ministerio de Energía y Minas?
Así es. ¿Has visto como se hacen los road shows de inversiones para Perú? Tienes el banco de inversión, y agentes de relaciones públicas y prensa que hacen super presentaciones en Londres, Nueva York, Houston o Toronto, y le informan todo al potencial inversionista. Pero, ¿has visto ese mismo road show dentro de Perú?
Algunas zonas del país sí aceptan proyectos mineros.
En las zonas con tradición minera es más fácil. Pero en aquellas donde no existe, se dejan llevar por los pasivos históricos de la actividad, por las leyendas. La población se levanta ante lo que entienden que podrían ser los efectos de la actividad minera en su circunscripción.
¿Dónde no tenías tradición minera? En Piura, entonces Tambogrande no sale. En la provincia de Santa Cruz en Cajamarca tampoco, pero sí en Hualgayoc. Donde ha habido minería antes, la población entiende, pero existen nuevos espacios de exploración minera, en los cuales no hay tradición, y la población se lleva de oídas.
Entonces, el Estado no hace mucho para solucionar estos conflictos.
Su actitud es llegar cuando empezó el fuego, es reactiva y existe un problema de fondo. Este tema de comunicación no sólo se da hacia fuera, sino hacia adentro, pues si la población no tiene claro que pasará con el agua o tierra, qué beneficios traerá en su vida diaria, ¿a quién le creerá?
Entonces, le creen a la ONG, a los operadores políticos que traen mentiras en un mensaje sencillo que afecta su estabilidad emocional, como que sí les afecta el agua y la tierra. Por ejemplo, cuando empezó el proyecto las Bambas en Apurímac, en algunas zonas les decían que los geólogos iban a violar a sus hijas. Ese nivel de mensaje distorsionado tiene esta gente.
Ciertos temores pueden ser ciertos. Si bien Antamina y Barrick tienen urbanizaciones para las familias de los trabajadores de las minas, y son operaciones ordenadas, en otras zonas donde operan mineras, existen denuncias de ese tipo y que sólo fomentan lugares de mal vivir. Está el caso de Moquegua donde el VIH ha aumentado exponencialmente. Entonces, también debe haber iniciativa de la empresa privada en ese sentido.
Depende del empresariado si tiene una visión más integral de su negocio o simplemente se circunscribe al balance de ganancias y pérdidas. Su presencia en una zona no solamente es su operación y nada más, sino cómo se interrelaciona con la gente que le circunda.
Situaciones cómo las denunciadas no generarán que la población aplauda a las mineras. Entonces mucho depende de las empresas.
Creo que la cultura empresarial de las mineras transnacionales ha cambiado y eso hay que reconocerlo. No ha sucedido porque se fueron de retiro con Cipriani o se les apareció la Virgen. En este mundo globalizado si no tienes normas ambientales y procedimientos de interrelación social, tienes problemas que terminan en cortes no sólo del Tercer Mundo, sino del Primer Mundo. Está el caso de Chevron donde un juez federal ha ordenado colocar US$50,000 millones en una cuenta contingente mientras se resuelve su juicio con Ecuador. ¿Cuánto cuesta US$50,000 millones guardados? Las empresas han reaccionado no porque sean buena gente sino porque la globalización obliga a una nueva forma de hacer negocios en el mundo.
Al parecer, algunas empresas aún no se actualizan.
Generalmente las empresas de capitales peruanos son las que más se están demorando a adaptarse a esta globalización de los negocios.
¿Qué se puede hacer para solucionar estos conflictos?
Hay que bombardear con información presentada de una manera muy simple. Informar de una manera muy sencilla lo bueno, lo malo y lo feo de la presencia de la empresa, y que harás para atenuar lo malo y lo feo. Toda actividad humana contamina, la idea es cómo atenuarla.
Hablemos de la minería informal, ¿cuál es su diagnóstico sobre este tema?, ¿se han tomado medidas efectivas para su erradicación o formalización?
La minería informal tiene entre 15 y 18% del negocio del oro en el Perú. También existe minería informal de metálicos y no metálicos como cobre y mármol. La gente ha encontrado en ella un medio de vida. Si alguna gente migró a la costa, a los grandes centros urbanos con la esperanza de encontrar trabajo en una fábrica -que no encontraron- y se aglomeraron, construyendo los pueblos jóvenes; otros fueron a zonas inhóspitas a buscar minerales, en especial oro.
El ciclo del precio del oro puede explicar los movimientos migratorios al interior del país, existen distintas oleadas en función del movimiento de precio internacional. La primera oleada fue en los setenta hacia Madre de Dios, en los ochenta fue hacia el sur medio: Ica, Palpa, Nazca, Acarí, Puquio, Caravelí. La pampa Ananea y Rinconada viene de los noventa.
Sin embargo, ahora con el precio del oro en US$1,500 está en todo el Perú. En el cerro El Toro en La Libertad, en el sur de Cajamarca, en Piura, en Santa Rosa de Quives en Lima e incluso se puede ver timbaletes en Carabayllo. Es una metástasis, está en todo el país, no sólo en Madre de Dios.
El Estado dio el Decreto de Urgencia Nº012 para manejar el tema de Madre de Dios, y el Nº045 para hacer un plan de desarrollo de la pequeña minería y la minería artesanal, pero que son mandatos de una Ley del año 2002. Este gobierno recién ha evacuado un documento propuesta de formalización y desarrollo del sector en febrero del 2011.
Recién hace unos meses.
Si la onza de oro está a US$ 1,500 y el costo de producción es de US$ 400, estás ganando US$1,100 por onza. Ser minero informal en Perú es más rentable que ser narco, y tu producto final es lícito. Si el negocio del oro en nuestro país representa US$ 5,700 millones al año, y el 18% es el negocio de los mineros informales, hablamos de casi US$ 1,000 millones.
En el mundo de la minería artesanal y pequeña minería tienes dos corrientes, dos dirigencias que congregan a la mayoría de sus gremios, la Fenamarpe y Sonamipe. La primera quiere el statu quo, que las cosas se mantengan pero con un agravante adicional: quieren decretar como libre el espacio nacional, para que cualquier persona vaya, tome un espacio y explote minería. Es decir destruir el sistema de concesiones, porque para ellos existe gente que posee concesiones con un fin especulativo.
En Europa existen empresas que tienen concesiones y no las explotan. Eso sucede en todas partes.
La mayoría que apoya a la Fenamarpe son personas sin ningún permiso, ni instrumento legal frente al Estado. Entonces quieren invadir, es la situación de Madre de Dios pues los sin tierra son la mayoría de sus 50,000 mineros informales. El 5% de las áreas mineras en esa región tienen algún tipo de concesión, el 95% está en petitorio que es el primer paso para la formalización. Si tienes concesión te pagan un royalty, pero si tienes petitorio, te invaden. Entonces tienes enfrentamientos armados en la zona que no se reportan a la opinión pública de Lima, pero si vas todos están armados. Porque, ¿dónde está la fuerza pública, el fiscal? Te defiendes solo.
La otra federación si quieres un proceso de concesiones, un nuevo proceso minero, es decir cómo se produce el producto final. Esta dirigencia está asociada con la Fair Labeling Organization y Alliance for Responsible Mining, dos organizaciones se han unido en Londres y han lanzado la iniciativa de oro verde o limpio. El minero pequeño o artesanal que extrae oro sin explotación de menores o mujeres recibe un precio adicional, y si a su vez la forma en que lo extraen es no contaminante, también se les da un plus. Es un oro que se vende un 10 ó 15% por encima de la cotización internacional. ¿Y quién paga esto? Empresas como Tiffany, Rolex o Cartier. El consumidor está pagando el precio del metal más el costo del diseño, y recibe un documento que señala que la joya proviene de oro certificado. En este tema, hay que apoyar a una de las dirigencias.
