En un reciente hallazgo que cuestiona la gestión del Congreso de la República, se ha puesto en evidencia la intención de adquirir 93 equipos de aire acondicionado con un sobrecosto significativo. La investigación llevada a cabo por «Cuarto Poder» revela que los precios cotizados superan en más del doble a los valores de mercado, por lo que asciende a más de 1.316.000 soles.
Para el Aire Acondicionado Tipo Split Pared 24,000 BTU/h con Tecnología Inverter, el precio cotizado por el Congreso fue de S/ 4,743 soles, mientras que en Perú Compras el precio fue de S/ 2,869 soles, resultando en una diferencia de S/ 1,874 soles, lo que representa un sobreprecio aproximado del 65%.
En el caso del Aire Acondicionado Tipo Split Techo 48,000 BTU/h, el precio en el Congreso ascendió a S/ 17,700 soles, comparado con S/ 6,000 soles en Perú Compras, lo que indica una diferencia de S/ 11,700 soles, evidenciando un sobreprecio de casi el 195%.
Por último, para el Aire Acondicionado Tipo Split Piso Techo 60,000 BTU/h con Tecnología Inverter, el precio cotizado para dos unidades fue de S/ 36,780 soles en el Congreso, mientras que el precio en el mercado para dos unidades similares fue de S/ 15,598 soles (S/ 7,799 por unidad). Esto refleja una diferencia de S/ 21,182 soles, marcando un sobreprecio superior al 135%.
El jefe del Departamento de Abastecimiento del Congreso, Erick Roy Moncada, ha sido señalado como responsable de validar estos precios excesivos. Moncada ha evitado dar explicaciones claras. En una entrevista apresurada, afirmó que se trató de un «documento de control concurrente», sin entrar en detalles sobre las irregularidades señaladas.
El experto en contrataciones del Estado, José Antonio Trelles, ha mencionado que esta situación podría configurar un delito de colusión, dado que dos de las tres empresas cotizadas —Inmobiliaria TWD SAC, JJD Refrigeración y Servicios SAC y Comercial Refrigeración Perú SAC— pertenecen al mismo grupo económico, lo que elimina cualquier vestigio de competencia leal en la licitación.
El informe de control interno del Congreso, con fecha del 9 de mayo, no solo confirma la sobrevaloración, sino que además apunta a irregularidades en el proceso de selección y adjudicación de los contratos para la compra de estas máquinas de tipo Split Pared y Split Techo.
La investigación también descubrió que una de las empresas, Inmobiliaria TWD SAC, que figura en el estudio de mercado del Congreso como proveedor calificado, no tiene experiencia en la venta ni instalación de equipos de aire acondicionado. Sin embargo, respondió a la solicitud de cotización, lo que, según Trelles, podría ser indicativo de un acuerdo previo para inflar los precios.
Durante un intento de entrevista, Moncada sugirió coordinar una conversación oficial a través de la Oficialía, en un tono que no ocultaba su molestia. La justificación para la compra urgente de estos equipos es la supuesta necesidad de mejorar las condiciones de trabajo para los empleados del Congreso.
Este nuevo escándalo se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión y transparencia del Congreso en materia de contrataciones y uso de fondos públicos. Las pruebas recabadas, incluyendo grabaciones y documentos, proponen una manipulación del proceso de licitación que no solo ha resultado en un uso ineficiente de los recursos del Estado, sino que también ha puesto en duda la integridad de quiénes están encargados de gestionar estos procesos. En los últimos días, también se halló que el Legislativo había contratado a una empresa de cervezas para mejoras en su policlínico.
Tras haberlo abordado por este programa periodístico, que evidenció las irregularidades en la adquisición de equipos de aire acondicionado, la Contraloría de la República intervino, advirtiendo sobre las anomalías detectadas.
En respuesta a la creciente presión pública y la supervisión del órgano de control, desde el Congreso se tomó la decisión de cambiar de proveedor, buscando garantizar transparencia y evitar la sobrevaloración detectada en el proceso inicial. Esta acción, aunque tardía, refleja un esfuerzo por rectificar el curso de la adquisición frente a evidencias de malas prácticas administrativas y posibles conflictos de interés.
