La Contraloría General evidenció que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chancay (2023-2026) favorecieron a un postor adjudicándole la buena pro para el alquiler de una excavadora hidráulica sobre oruga con operador y combustible por S/ 435 993, a pesar que las especificaciones técnicas de la maquinaria no cumplían con lo requerido y la oferta económica era la más costosa.
La entidad municipal suscribió el contrato de alquiler de la maquinaria por 960 horas para la nivelación, compactación y cobertura diaria de residuos sólidos en el relleno sanitario del distrito, sin advertir que dentro de los documentos obligatorios presentados por el postor no se encontraba el seguro de todo riesgo de equipo de contratista (TREC), certificado de operatividad emitido por un ingeniero mecánico, póliza de seguro del personal operador; así como antecedes policiales y penales.
El Informe de Control Específico N° 007-2024-2-2306-SCE, revela que, para el otorgamiento de la buena pro, en segunda convocatoria, el funcionario de la oficina de abastecimiento descalificó a otra empresa que participaba en el procedimiento de selección por razones que no estaban establecidas en las bases y a pesar de que cumplía con los requisitos y su oferta económica era menor a la propuesta que presentó el ganador.
La comisión de control también detectó que la maquinaria propuesta por el postor ganador no cumplía con la potencia ofrecida y la ficha técnica había sido manipulada.
La situación expuesta atentó contra el normal, correcto y transparente funcionamiento de la contratación pública y la finalidad de la contratación; así como los principios de libertad de concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia y la competencia en el proceso de selección. En ese sentido, se identificaron presuntas responsabilidades penal, administrativa funcional y administrativa entidad en tres funcionarios de la comuna distrital.
El informe de control específico recomendó al alcalde realizar el deslinde de responsabilidades administrativas; mientras que a la Procuraduría pública que inicie las acciones legales que correspondan; además, se solicitó al Órgano Instructor de la Contraloría procesar a los servidores involucrados.
El servicio de control específico se realizó entre el 1 de setiembre al 29 de diciembre de 2023.
NPT/ CONTRALORÍA
