El Comité Colegiado de Organizaciones Sociales y Populares de Puno, al que están adscritas trece provincias de esta región, acordó retomar la huelga indefinida contra la administración de Dina Boluarte este 4 de enero de 2023.
Según un acuerdo tomado este martes en una asamblea a la que asistieron dirigentes provinciales, la medida implica cierre total de las carreteras y movilizaciones. Asimismo, preparan una marcha hacia Lima para pedir la renuncia de la presidenta.
Ucayali, Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco, que también integran el corredor minero, secundan esta estrategia y coinciden en llegar a la capital. El lunes, los pueblos aymaras de Ilave, Juli, Pomata, Zepita, Yunguyo, ubicados al sur de Puno, reiniciaron su huelga indefinida, reportó La República.
Semanas atrás, el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca permaneció seis días inoperativo debido a las protestas que piden la libertad de Pedro Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, elecciones generales ya y la Asamblea Constituyente.
Las manifestaciones han dejado 27 fallecidos, al menos cinco menores de edad, por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Las más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se cerraron otros cuatro aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Cuzco y Ayacucho).
Los manifestantes también se congregaron en los alrededores de la Plaza San Martín de Lima, histórico epicentro de las protestas. Algunos piquetes fueron dispersados con gases lacrimógenos.
Ante este panorama, Boluarte declaró un Estado de Emergencia por 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman “terroristas”.
La situación también ha causado problemas diplomáticos a Perú, que llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a su decisión de apoyar a Castillo.
Boluarte ya adelantó que se mantendrá “firme” en el cargo y exigió al Congreso que acelere la aprobación de un adelanto de las elecciones generales, una demanda que respaldan el 83% de los ciudadanos que podría atenuar la crisis.
