Mediante un comunicado el partido político nacional “Alianza para el Progreso”, a través de la Dirección Nacional y el Comité Regional Lima – Provincias, se dirige a la militancia de la provincia de Huaral, amigos simpatizantes y colectividad en general, para comunicar lo siguiente:
1. El Partido Político “Alianza para el Progreso”, se ha reinscrito en la Oficina Nacional Registradora de Organizaciones Políticas por segunda vez, habiendo recibido la segunda resolución del Jurado Nacional de Elecciones en el mes de Febrero del año 2007.
2. A partir de dicho mes y año, el partido se ha reorganizado en todo el país con nuevas inscripciones de ciudadanos, que han reiterado su afiliación al partido o lo han hecho por primera vez.
3. De igual manera, los dirigentes distritales, provinciales, regionales y nacionales han sido elegidos, desde las bases y/o ratificados por el Presidente Fundador del Partido Ing. César Acuña Peralta con el Directorio Nacional.
4. Este proceso democrático, se ha realizado también en la provincia de Huaral, bajo la responsabilidad del Coordinador y Responsable Político Regional Jorge Ruíz Tejedo.
5. En dicho proceso, fue encargado al señor Popilio Mejía Aley, la reactivación y reorganización de la base provincial de Huaral, con conocimiento y aceptación de las personas que estuvieron encargadas anteriormente.
6. El señor Popilio Mejía Aley ha realizado el proceso indicado, constituyendo la base provincial de Huaral, con nuevas inscripciones, habiendo salido elegido democráticamente como responsable político provincial, el 15 de marzo del año 2009, juramentando el día domingo 19 de abril del presente año y acreditado como tal.
7. La nueva Junta Directiva con el responsable político sr. Popilio Mejía Aley, son los únicos legítimos representantes del partido en la provincia, por lo que cualquier información en contrario no goza de veracidad y sólo expresa la intención malévolas de confundir a la ciudadanía huaralina.
8. Por lo que, de persistir en esta tendenciosa actividad, el partido se reserva el derecho de proceder legalmente en defensa de las autoridades legítimamente elegidas en esta provincia.
