Anunciaron con solemnidad que se haría justicia en el más breve plazo, pero los hechos demuestran lo contrario. Por diferentes circunstancias, las investigaciones fiscales de los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como de tres personas durante las manifestaciones contra la nueva ley agraria, han avanzado poco o nada.
El fiscal de delitos de violaciones de derechos humanos Joni Soto Jiménez, a cargo del caso de Bryan e Inti, fue cambiado debido a la lentitud en las diligencias para identificar a los responsables de los homicidios.
Mediante una carta dirigida a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, los abogados de las familias de las víctimas, Julio Arbizu y Ronald Gamarra, solicitaron el reemplazo del fiscal Soto y requirieron la creación de una fiscalía ad hoc porque no había avances en las pesquisas.
“Desde que ocurrieron los hechos, el fiscal Soto no programó las diligencias de visualización de los videos que le entregamos, en los que se observan los disparos y la posición en la que se encontraba Bryan”,dijo el abogado de la familia de la víctima, Jimmy Sotomayor.
Explicó que si bien es cierto el fiscal Joni Soto había recabado información, hasta el día de ayer, no se tenía conocimiento de su estrategia para identificar a los asesinos de Bryan Pintado.
“El fiscal Soto solo se ha dedicado a acumular información, pero, en realidad, nunca llegó a plantear una estrategia para llegar a los responsables. Ni siquiera llamó a declarar a los policías”, señaló Sotomayor.
“Es incomprensible que el fiscal Soto no haya llamado a declarar al ex comandante general de la Policía Nacional Jorge Lam Almonte, ni al exjefe de la Séptima Región Policial de Lima Luis Cayas Medina, no obstante que son los responsables de la ejecución del plan de operaciones en cuyo contexto murieron Bryan Pintado e Inti Sotelo. Muchos menos convocó a los policías y escopeteros que participaron la noche del jueves 14 de noviembre en el sector 5, que comprende las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, donde recibieron los impactos”, enfatizó el abogado.
El 15 de noviembre, al día siguiente de los hechos, el fiscal Joni Soto abrió investigación contra los generales Jorge Lam y Luis Cayas Medina y los que resulten responsables por el homicidio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como de las lesiones de 110 personas que participaron en la marcha de protesta contra el régimen del expresidente Manuel Merino de Lama.
En reemplazo del fiscal Joni Soto, fue designada la fiscal provincial titular del despacho de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Jhousy Aburto Garavito, quien investigará el caso de manera exclusiva.
Algo similar ocurre con los manifestantes asesinados en las protestas de los trabajadores agrarios, que exigen un justo incremento de salarios, acorde con los multimillonarios ingresos de las compañías de agroexportación beneficiadas con leyes con nombre propio (ver nota aparte).
Después de 10 días del asesinato de Reynaldo Reyes Ulloa y del adolescente Kauner Rodríguez de la Cruz, durante el paro agrario en el norte del país, el fiscal provincial penal de Virú, Joseph Quezada Sánchez, recién remitió el arma y un proyectil para los peritajes en el laboratorio de criminalística del Ministerio Público en Lima. Esto ha generado una demora incomprensible.
Tardanza en el envío del revólver y del proyectil
La demora de las diligencias se debió a que el fiscal adjunto William Salinas Anastacio, encargado del levantamiento de los cadáveres de Reynaldo Reyes y Kauner Rodríguez, se contagió con el nuevo coronavirus y tuvo que cumplir con el protocolo de aislamiento sanitario.
Como parte de la investigación, el fiscal adjunto Willian Salinas también tenía la misión de enviar al laboratorio de criminalística del Ministerio Público de Lima el arma incautada al suboficial Víctor Bueno Alva, fotografiado disparando la mañana del miércoles 30 de diciembre del 2020, así como el proyectil extraído del cuerpo de Reynaldo Reyes. Luego de 10 días, recién ha cumplido con una diligencia que no debió demorar un día.
La República
