Escribe: Néstor Roque Solís (*)
El desarrollo de la región y del país no pasa por tener más o menos parlamentarios en el Congreso Nacional. Por tanto, el grupo de saltarines que hemos tenido en las tribunas del parlamento el pasado jueves 21 después de escuchar la chicharra de los 82 votos para conquistar cuatro curules no significa todavía ninguna victoria para los 840 mil habitantes de la región Lima. Pruebas al canto: hasta el año 1990 teníamos en el Congreso 240 parlamentarios que nos dejaron un país en bancarrota con tres mil por ciento de inflación. Desde 1993 hasta la fecha tenemos 120 congresistas y nos llenamos de tránsfugas y mafiosos que se venden por un plato de lentejas. Ahora esperamos tener 130 congresistas, y ¿quién garantiza el desarrollo estratégico de la región y del país? ¿Esos diez parlamentarios se pondrán al servicio de los pobres o de los poderes fácticos?.
Igual, ¡cuántas expectativas tuvimos con el Gobierno Regional de Lima, que hoy sucumbe en su mediocridad e ineficiencia, igual o peor que la gestión anterior!
La mayoría de los políticos de hoy son simples peones del poder fáctico que descansa en los empresarios, la Iglesia Católica, los medios de comunicación y las fuerzas policiales y militares en la provincia y región. El poder de los fácticos es superior al poder efímero que tienen nuestros alcaldes, jueces, gobernadores, parlamentarios o la propia autoridad regional. Cuando un empresario, un obispo, un general, un dueño de radio o televisión alza la voz, todos acatan en silencio el mandato del poder.
Banqueros, mineros, ejecutivos de empresas privatizadas, concesionarios de servicios públicos, los que explotan los recursos naturales: son los que toman las decisiones y detentan el poder en la región y en el país. Los gerentes con cargo efímero son los políticos y funcionarios que deciden en los tres poderes de un Estado maltrecho, frente a la riqueza y el poder de los dueños del país.
Por ejemplo, las decisiones más importantes para el desarrollo y la generación de empleo en la cuenca del Huaura y Oyón las toman los dueños de las empresas mineras Los Quenuales, Raura, Uchucchacua; el Grupo Romero; los consorcios agroquímicos que se llevan el 50% del costo de producción agropecuaria. Ellos son los dueños del poder económico y político en la provincia y en la región. Nuestras autoridades son simples gerentes del poder fáctico dentro de la lógica del libre mercado y la globalización.
Los empresarios están siempre cerca del poder político. Se comenta que el Presidente Alan García tiene como consejeros cercanos a empresarios de éxito como Julio Favre del Grupo Redondos, Isaac Ikeda del Grupo San Fernando y Roque Benavides de la minera Raura. El Presidente Alan García escucha con atención a estos empresarios antes que al diminuto Presidente del Gobierno Regional de Lima que no tiene poder, ni autoridad ni capacidad para alcanzar una propuesta inteligente para el desarrollo de la región.
En la región tenemos un presidente quejumbroso de falta de recursos y competencias. Y cuando le entregan millones de soles, no sabe qué hacer con ellos, porque no tiene proyectos de inversión de impacto regional. Se entretiene durante los fines de semana entregando computadoras a instituciones educativas y hace propaganda descarada en paredes y muros con el nombre de los proyectos públicos, con esa ilusión ridícula de conquistar nuevamente el poder en el año 2010.
Por estos días, los candidatos potenciales andan tras los poderes fácticos para que financien su campaña. Los que quieren ganar en las urnas, tocan las puertas del capital. Porque saben que para ganar las elecciones se requiere de mucha plata para contentar con canastas y pequeños mendrugos a los pobres electores.
Los partidos políticos llamados grandes, que deberían representar a la clase política del país, sólo son sobrevivientes estropeados de sus millonarias campañas electorales, y otros en el poder viven de las frustraciones de sus derrotas por no haber logrado la promesa del cambio responsable. La mayoría de los líderes políticos sólo aspiran a blanquearse en cada periodo electoral, para seguir con los negocios y el cargo de gerentes del poder fáctico que cada día supera a los tradicionales Poderes del Estado.
La restitución del Distrito Electoral, debe servir para renovar a los políticos tradicionales que se niegan a la modernización del Estado. Pero no solamente se trata que se vayan los tránsfugas y corruptos, porque la situación no cambiaría mucho. Al país no le conviene mantener ineficientes y mediocres gerentes-políticos al servicio del poder fáctico, aunque en el pasado hayan dado muestras de lealtad infinita. Si se van los gerentes actuales de la política, no ocurre nada nuevo porque vendrán otros para que sigan defendiendo la catedral de sus intereses.
Sobre la base del discurso de la ética y términos de referencia de las personas, tampoco avanzamos mucho. La corrupción no es un efecto perverso solo del modelo, sino la instancia política imprescindible para su reproducción continua. No se trata de poner gerentes éticos al frente del saqueo, sino de cambiar de estilo de gobierno y echar a los dueños del poder que lo corrompen todo, en su afán de gobernar solos en la aldea global.
En esta sociedad de uñas largas y dientes afilados es muy difícil contar con gerentes honestos en la política. Los honestos y los limpios no tienen cabida en la actual estructura de poder. Si queremos gerenciar en forma transparente la administración pública, no es posible con esta cultura del desarrollo: se dura muy poco en el cargo. ¡Cuántos corruptos se pasean con saco y corbata en los pasillos del Poder Judicial y en las oficinas de la administración pública local y regional y no pasa nada! Ellos son intocables en el cargo porque le dan el SI a todo lo que dice el jefe y le llega la mamadera de la coima mensual a los dueños del poder regional.
La degradación en la región Lima llega a tal nivel, que proponer o aplicar políticas racionales como lo que proponemos en cada uno de nuestros artículos semanales en el sentido del interés regional parece un programa iluso. Sin embargo, la región se juega su existencia y razón de ser como propuesta de desarrollo para los próximos años. De allí que el problema de fondo no solo sea conquistar cuatro curules, sino realizar el profundo cambio de la estructura y su sistema de gobierno luego de dos periodos de fracasos de sus gobernantes.
El viejo sistema de la administración pública se desmorona, y cada día aparece un nuevo signo de su descomposición en cada una de las instituciones públicas de la provincia y la región. Estamos llenos de juicios y querellas por signos de corrupción en la universidad estatal y en el sector Educación; tránsfugas que legislan, decretan y se abrazan entre ellos, y otros pretendientes aplauden desde la tribuna.
Mientras los representantes encargados de la fiscalización y control, discuten más o menos parlamentarios en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo hace su agosto con los recursos de todos los peruanos.
Como por ejemplo, los 511 millones dólares para la construcción de la autopista de la avenida Néstor Gambetta en el Callao, vía Decreto de Urgencia para saltar de garrocha los sistemas de control y fizacalización, para lo cual consideran un costo aproximado de dos millones de dólares por kilómetro de autopista, cuando la construcción solo representa un millón de dólares de acuerdo a los precios ejecutados en la vía interoceánica Sur o el precio que calculamos para el proyecto de la carretera de integración de Sayán-Churín-Oyón-Uchucchacua-Ambo.
Mal ejemplo el del Presidente García y su socio de uñas largas Alex Kuori Presidente del Gobierno Regional del Callao. A río revuelto ganancia de pescadores. La ganancia o el sobre precio es de un millón de dólares por cada kilómetro de autopista por construir en el mismo Chimpum Callao. Esta grave denuncia fue sustentada por el periodista Cesar Hildebrant en el Diario La Primera, el mismo día que celebrábamos la fiesta del chivo, por la conquista de cuatro curules para Lima Provincias.
Frente a esta epidemia política, aparece cada día el rechazo de la población a la devaluada función parlamentaria, que es un reclamo obvio, para que se vayan los políticos que hacen alarde de sus conquistas personales: incluidos corruptos, tránsfugas y mecedores de la democracia y la participación ciudadana, que se evapore el personal político que utiliza el nombre de los pobres por años y décadas desde ONG y Fundaciones. Sin embargo, esto no es suficiente si la estructura económica permanece igual, porque vendrán otros políticos–gerentes para hacer lo mismo con las mismas taras y similares mañas de hacerse ricos con los votos de los pobres.
En el Warketing–guerra de los mercados– todas las estrategias son válidas para ganar la guerra económica y política. Las armas del delito están bien surtidas en el mercado global: acuerdos, contratos, licitaciones, compras forzadas, especulación, absorción y desarticulación de competidores, falsos balances, manipulaciones contables y de los valores de transferencia, fraude y evasión fiscal mediante filiales bambas y sociedades pantalla.
Como si todo esto fuera poco, existen malversaciones de recursos públicos, construcciones de obras públicas deficientes, comisiones encubiertas, enriquecimiento injustificado y abuso de los bienes sociales para campañas electorales, vigilancia y espionaje, chantaje y delación, violación de las reglamentaciones en materia de derecho al trabajo y de libertad sindical, de higiene y seguridad, de aportes sociales, de polución. Todo esto lo vemos a diario y por todos lados.
Frente a esta dura realidad que corroe las estructura de la administración publica, no se trata de un combate para cambiar la pintura de la fachada, porque estas prácticas son parte de un sistema coherente, funcional a la expansión del sistema salvaje que en su afán de ganar clientes y mercados, son capaces de untar la mano a cualquier personaje con poco valor en su afán de hacerse de un lugar en la política y en los negocios con el actual sistema infestado por una corrupción más letal que el virus AH1N1.
Hoy en día, es natural que los transportistas paguen su peaje con responsabilidad puntual a la policía de carreteras. Un incentivo es normal para darle curso al expediente. De cajón la matrícula para contratar una obra. Recibir el diezmo por un proyecto de inversión es natural. Cumplir con la cuota para ser profesor nombrado en la Universidad Nacional de Huacho. Y a nombre de la alianza, pasarse de un partido a otro en cada periodo electoral como vulgar saltaperico. Los gerentes de la política están eufóricos, excitados, sedientos de poder, en estos tiempos de conquista de curules a nombre de los pobres sin haberles consultado ni siquiera sus demandas y quejas sociales. Esta es la política que no queremos para la región y el país.
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(*) Consultor y ensayista en temas de desarrollo regional.
