El secretario de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANMP), Rómulo Torres Ventocilla, exintegrante de la Quinta Sala Superior Civil de Lima, actuó como juez y parte en el proceso en el que la mencionada organización ha demandado al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por el millonario cobro de remuneraciones devengadas.
El 13 de julio de 2017, Rómulo Torres era parte de la Quinta Sala Superior Civil de Lima, que bajo la presidencia de Emilia Bustamante Oyague, e integrada por la jueza Eddy Vidal Ccanto, falló a favor de la demanda de la ANMP, que reclama sueldos devengados que superarían los 3 mil millones de soles. La Procuraduría del Poder Judicial sostiene que el reclamo por dicho dinero, por parte de la ANMP, carece de sustento legal.
En esa fecha, Rómulo Torres, al mismo tiempo que formaba parte de la Quinta Sala Superior Civil de Lima, también ejercía funciones como miembro de la Junta Directiva de la ANMP. Es decir, con la parte demandante, por lo que configuraría un conflicto de intereses.
Estaban al tanto
De acuerdo con fuentes de la Corte Superior, Rómulo Torres sabía que no estaba en condiciones de intervenir en el proceso y solicitó a la presidenta de la Sala, Emilia Bustamante, inhibirse del caso. Bustamante no solo consideró que no existían motivos para la inhibición, sino que respaldó la continuidad de Torres en el expediente, e incluso, actuó como ponente del mismo. Es decir, Rómulo Torres sustentó el fallo a favor de la demanda de la ANMP.
Originalmente, en 2009, la ANMP demandó la homologación de los haberes de los jueces en aplicación de una ley de 1993. El Poder Judicial pagó los 87 millones de soles de homologación en 2011. Sin embargo, cuando ya se había cumplido la sentencia y era cosa juzgada, la ANMP reclamó el pago de devengados, en 2011, un reclamo que no estaba considerado en la demanda de 2009.
La República contactó con Rómulo Torres -quien pasó al retiro en febrero de este año- y le pidió su versión del episodio que protagonizó. Dijo que respondería, pero no lo ha hecho.
Sin embargo, este diario entrevistó a la expresidenta de la Sala que falló a favor de la demanda del pago de devengados de la ANMP, Emilia Bustamante, y confirmó que Rómulo Torres pidió inhibirse de ver el proceso por conflicto de intereses.
«Sí, lo planteó y lo desestimamos (Emilia Bustamante y Eddy Vidal). La Asociación Nacional de Magistrados del Perú es un ente gremial que agrupa a la mayoría de jueces de esta Corte Superior de Lima. Discutimos el tema y caímos en la cuenta que la doctora Vidal, integrante de la Sala, también era miembro de la asociación, aunque no de la directiva (que era el caso de Rómulo Torres), por lo que también debía inhibirse. Pero, con ese criterio, ¿quién resolvería el caso?», arguyó la magistrada Emilia Bustamante.
«No podíamos dejar de resolver, así que proseguimos. Eso no es ilegal», defendió su decisión la jueza Bustamante.
El 13 de julio de 2017, la Sala que presidía Emilia Bustamante, e integraban Rómulo Torres y Eddy Vidal, confirmó el fallo del titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavala, quien se había pronunciado a favor del pago de devengados que reclamaba la ANMP.
La Procuraduría del Poder Judicial había apelado la decisión de Hugo Velásquez bajo el argumento de que la ANMP, cuando planteó la demanda en el 2009, jamás solicitó el pago de devengados y que se limitó a exigir el abono correspondiente a la homologación.
Hugo Velásquez es el magistrado a quien la Policía, durante la operación contra ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, grabó tres conversaciones telefónicas con el juez supremo César Hinostroza Pariachi. Los diálogos secretos revelaron que Hinostroza presionaba a Velásquez para que, precisamente, le pagaran 1 millón 961 mil soles de los devengados.
Caja rápida
Pocos meses después de fallar en beneficio de la ANMP, en agosto de este año, la jueza Eddy Vidal Ccanto solicitó un peritaje de los devengados que le correspondía cobrar, como consecuencia de la sentencia que había dictado. Le correspondería a Vidal 1 millón 475 mil 287 soles con 97 céntimos.
Por su parte, Emilia Bustamante, quien también sentenció a favor de la ANMP, en mayo de este año, también ha solicitado el mismo peritaje que su colega Eddy Vidal. Todavía no le responden.
Bustamante arguyó que lo que hizo fue simplemente responder a una notificación del Poder Judicial y que la misma había sido enviada a todos los magistrados del Perú. Pero lo cierto es que Bustamante fue presidenta de la Sala que resolvió a favor de la ANMP. «Pero yo no he pedido mi liquidación», precisó.
«Esta situación nos muestra un problema en blanco y negro: cómo puede ser que el Poder Judicial pueda beneficiarse con sus propias resoluciones. Existe un vacío legal sobre qué pasa cuando quien va a juzgar tiene un interés en lo que se va a resolver. Este proceso tiene una década y no nos hemos puesto a pensar en esto hasta ahora que salieron los audios», declaró la magistrada Bustamante.
Sin embargo, la Procuraduría del Poder Judicial cuestionó el fallo de la Quinta Sala Superior Civil de Lima, que presidió Emilia Bustamante e integraron Rómulo Torres y Eddy Vidal.
«Con la resolución de dicha Sala se afectó la figura de la cosa juzgada y el debido proceso, porque ya existía una sentencia de segunda instancia que rechazó el pago de devengados en este proceso. Lo que ha resuelto la Sala va en contra de lo que ya estaba decidido: pagar nada más lo que habían reclamado los integrantes de la ANMP en el inicio del proceso, es decir, la homologación, lo que fue confirmado por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2013. Aquí hay un conflicto de intereses», afirmaron fuentes de la Procuraduría del Poder Judicial.
Por su parte, la ANMP insistió, mediante comunicado, en la supuesta legalidad del cobro de los devengados y señaló que seguirá reclamando sus derechos ante las instancias judiciales.
Jueces afirman que cobro de devengados es conforme a ley
– Los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima, reunidos en Sala Plena, rechazaron el audio que registra las conversaciones telefónicas entre el magistrado Hugo Velásquez y el juez supremo César Hinostroza.
– En el diálogo se escucha a Hinostroza presionar a Velásquez para que salga rápido el cobro de los devengados. La Procuraduría del Poder Judicial cuestiona el fallo de Velásquez, porque carece de sustento legal.
– No obstante, el vergonzoso contenido de las conversaciones telefónicas que revelan que hubo acuerdos bajo la mesa para beneficiarse con los devengados, la Sala Plena arguyó que «las informaciones públicas han distorsionado el sentido legítimo y legal del proceso» de cobro.
