El fiscal superior especializado en crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, presentará el martes 5 de setiembre su acusación oral contra los 30 procesados por el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco, perpetrado por la organización criminal encabezada por el expresidente regional de Áncash César Álvarez.
Chávez Cotrina confirmó que cuenta con cuatro testigos claves que se presentarán ante la sala y que permitirán demostrar la existencia de la organización criminal que asesinó a personas, entre ellas a Nolasco, para hacerse del dinero de la región Áncash.
«Nosotros estamos planteando como teoría que hubo una organización criminal que surgió dentro del gobierno regional de Áncash cuando César Álvarez asumió el poder en el 2006. Álvarez entró a gobernar con Luis Sánchez Milla como su vicepresidente y Ezequiel Nolasco como primer consejero. Cuando Sánchez Milla y Nolasco se dieron cuenta de los malos manejos, de que Álvarez estaba comenzando a sacarlos de su entorno para meter a otras personas nombrándolas como gerentes, se convirtieron en el grupo opositor dentro del gobierno regional», explicó el fiscal.
«Cuando Álvarez decidió ir a la reelección, Sánchez Milla asumió el cargo de gobernador y comenzó a despedir a los gerentes porque se dio cuenta de que quien seguía manejando el gobierno regional era Álvarez, a través de ellos. Sánchez Milla anuló sus contratos y fue por eso que lo mataron. Nolasco empezó a acusarlo de corrupto a través de la prensa. Nolasco fue asesinado porque se convirtió en una piedra en el zapato para la organización criminal y para sus fines de continuar manejando la región, las licitaciones y los negociados. Decidieron apartarlo y la única forma era matándolo. Fallaron en los dos primeros atentados y en el tercero lo lograron», refirió Chávez Cotrina.
De acuerdo a la acusación fiscal, la estructura de la organización criminal para saquear las arcas del gobierno regional y los negociados de las licitaciones tenía a César Álvarez y Luis Arroyo a la cabeza. Los mandos medios eran los sindicalistas que servían como fuerza de choque a cambio del 30% de los puestos de trabajo en las obras públicas. Otro bloque eran los periodistas que se encargaban de encubrir las denuncias y hacer una campaña contra los opositores del ex gobernador.
«Álvarez también contaba con un brazo de protección conformado por policías y con ejecutores que fueron los encargados de darles muerte a sus enemigos, entre ellos Luis Sánchez Milla, Hilda Saldarriaga y, por supuesto, Ezequiel Nolasco. Esta organización criminal se creó para saquear el gobierno regional y para mantenerse tenían que eliminar a la gente que se le oponía», explicó el fiscal.
