El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, cumplirá 18 meses de prisión preventiva, decretó anoche el juez penal nacional Ricardo Manrique Laura, para ser investigado por negociar un pago de cuatro millones de dólares con la constructora Odebrecht.
El magistrado consideró que la detención de Moreno es necesaria para la investigación por tráfico de influencias y lavado de activos. La defensa del gobernador regional, a cargo del abogado José Luis Castillo Alva, apeló la decisión al considerarla arbitraria.
De nada le sirvió a Moreno declararse inocente ante el juez.
«De repente hemos cometido errores administrativos, pero no he robado. No he recibido un solo dólar o sol. Yo no me corro, ni me correré, aquí están mis hijos y padres, asumo mi responsabilidad».
Con estas palabras, el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, intentó convencer al juez Manrique Laura para que rechace el pedido del fiscal Hamilton Castro. No le alcanzó.
La Policía procedió a detenerlo de inmediato y lo trasladó a la carceleta judicial. La audiencia se prolongó desde las 10:00 de la mañana hasta las 22:10 de la noche. Entre las 16:00 y 17:00 horas se dio un receso para que todos almuercen .
Los cargos
Sin muchas posibilidad de refutar la abundante prueba y el peligro procesal presentado por el fiscal, el abogado defensor cuestionó la legalidad del trabajo fiscal.
Hamilton Castro se vio obligado a presentar al juez, de manera reservada, los expedientes de colaboración eficaz para demostrar su existencia y que se estaban verificando los datos aportados.
El magistrado recién resolvió la solicitud de la Fiscalía después de ver esos documentos reservados, en una tensa exposición de hechos y argumentos que concluyó con la orden de prisión preventiva.
El fiscal respondió que están constatando la información y no se les podía pedir en este momento que ya todo estuviera verificado.
Sustentó el pedido de prisión en las declaraciones de los colaboradores eficaces, Gil Shavit y el N° 03-2016 y los documentos entregados por Odebrecht. Además, sumó delaciones premiadas ocurridas en Brasil, como la de Maria Lucia Tavares, secretaria del área de operaciones estructuradas.
Ambos colaboradores eficaces afirmaron que Moreno negoció con Odebrecht el pago de 4 millones de dólares para adjudicarle el contrato de las obras de la vía Costa Verde, tramo Callao.
Ese dinero se dividía en 60% para el gobernador regional y 40% para Shavit. Luego, Moreno utilizó su parte para financiar los servicios de asesoría del publicista Luis Favre, a quien se identificaba como «Taza», que traducido del portugués significa»copa o trofeo», en referencia al mundial de fútbol que se realizaba en Brasil.
Los pagos a Favre se realizaron a través de Valdemir Garreta de la empresa FX Comunicaciones. Shavit se opuso a contratar a Favre, pero Moreno insistió e incluso habría ofrecido otros contratos a futuro.
Amenazas
En un segundo punto, el juez tomó en cuenta que existe el peligro de que Moreno obstruya las investigaciones debido a una amenaza contra el colaborador Gil Shavit, quien declaró en su contra.
Después de que fuera liberado y se conociera que se había acogido a la colaboración eficaz, Shavit recibió en su cuenta de Facebook mensajes intimidatorios. «Eres Gil y morirás Gil», le escribieron.
De esta manera, Félix Moreno se convirtió en la primera autoridad electa y en funciones que es privada de su libertad para ser investigada por los sobornos pagados por Odebrecht.
Fiscal presentó como prueba dos cartas de Isaac Mekler
Entre las pruebas presentadas para sustentar el pedido de prisión preventiva, la Fiscalía presentó dos cartas u oficios remitidos a Félix Moreno por Isaac Mekler, cuando era congresista de la República.
En una carta, Mekler da a entender que negocia con Moreno diversos contratos de obras públicas, pero en la segunda le pide conversar para no hacer pública diversa información de actos ilícitos que habría cometido el gobernador regional del Callao.
El fiscal también utilizó las declaraciones de delatores en Brasil. La principal fue la de María Lucia Távares, que entregó planillas de pagos ilícitos en el exterior, donde aparecen depósitos por el proyecto de la Costa Verde, Callao.
El fiscal subrayó en la audiencia que por el concurso real de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos Moreno podría recibir una pena mínima de 12 años de prisión. Además, que el máximo de pena sería de 23 años de cárcel.
