Cuatro días después de que la empresa estatal Petro-Perú se declarara en emergencia por los últimos derrames de petróleo registrados en el Oleoducto Norperuano –muchos de ellos causados por terceros, según la compañía–, el Ejecutivo publicó ayer un decreto legislativo que endurece las penas para quienes atenten contra esta estructura.
El Decreto Legislativo 1245 modifica seis artículos del Código Penal, referidos a los delitos de hurto simple, hurto agravado y sus formas agravadas, así como los delitos de atentado contra la seguridad común y entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos.
En estos delitos, con penas máximas que van de 6 a 10 años de cárcel, se incluyen los atentados que sufra la infraestructura utilizada para la exploración, explotación, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados.
El Ejecutivo aplicó estos cambios con base en las facultades legislativas que semanas atrás le delegó el Congreso para ejecutar la reorganización de Petro-Perú.
El miércoles último, se registró el undécimo derrame de petróleo en lo que va del año; la fuga se registró en Loreto.
La empresa petrolera indicó que la pérdida de crudo fue ocasionada por terceros, y que es la octava vez en el año que esta estructura sufre atentados similares.
