El periodismo se escribe en México con sangre. La muerte puede aguardar a la puerta de la redacción, de camino o en casa. Da igual. La tarde del pasado 2 de enero, un grupo armado irrumpió en el domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, editor del pequeño semanario comunitario La Unión, en Medellín Bravo (Veracruz). Tras sacarle de la cama, le quitó el ordenador, su cámara de fotos y el teléfono móvil, y lo arrastró al infierno. Ese mismo día, según ha revelado la procuraduría estatal, fue asesinado y degollado. La investigación apunta como autor intelectual al alcalde de la localidad, Bravo Omar Cruz, del Partido de Acción Nacional (PAN), con quien el periodista mantenía un largo pulso por su presunta implicación en el tráfico de drogas y la violencia que devasta la zona.
México, según Reporteros Sin Fronteras, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión; y Veracruz, uno de sus puntos negros. Carcomido por una sangrienta guerra entre cárteles, 11 informadores han caído violentamente en el estado desde julio de 2010, fecha en que el gobernador Javier Duarte de Ochoa se hizo con el poder.
El secuestro y muerte de Moisés Sánchez revela, una vez más, la corrupción de las autoridades, una lacra presente en las peores tragedias de este país, como la matanza de Iguala, y que ha desatado una ola de inmensa desconfianza entre los mexicanos. En el caso el periodista no solo hubo una venganza política sino que, a tenor de la reconstrucción de la fiscalía, la propia policía fue partícipe del crimen.
Las acusaciones se basan en el testimonio de Clemente Noé Rodríguez Martínez, un expolicía y traficante de drogas. En su confesión, sostiene que el asesinato fue un encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal, chófer y escolta personal del alcalde. Meneses les pidió que acabaran con el periodista porque “alborotaba el panal”. El crimen fue cometido junto con otros cinco matones, entre ellos tres expolicías. En el ataque participaron tres coches que contaron con la protección de la Policía Municipal, que, pese a detectar los movimientos sospechosos de los vehículos, no intervino. La procuraduría estatal ha anunciado que pedirá que se retire el fuero al regidor, quien desde el inicio del caso ha defendido su inocencia.
La muerte de Moisés Sánchez, de 49 años, saca también a la luz la enorme desprotección de los periodistas en México. El propio fallecido ni siquiera llegaba a fin de mes con su publicación gratuita. Para lograrlo, tenía que completar su sueldo con el trabajo de taxista. Pese a esta débil posición, Sánchez mantenía semana tras semana un frente crítico contra el alcalde. Denunciaba los abusos cometidos en su comunidad, así como la connivencia de algunos cargos municipales con la violencia y el tráfico de drogas. Figura muy conocida en Medellín de Bravo (2.500 habitantes), el periodista llegó a convocar manifestaciones de protesta, la última en diciembre pasado por la muerte de un comerciante. Su permanente activismo, como recuerda su familia, se había vuelto molesto. Y las amenazas no habían dejado de llegar. Tres días antes de desaparecer, un desconocido se acercó a su casa, en la modesta barriada de El Tejar y le dijo que “le iban a dar un susto”.
El Pais
