El coordinador del FREDELCO, don Pedro Mendoza, explicó acerca de las multas que se tienen que pagar y que tendrán que salir de los bolsillos de la población huaralina.
Dijo que hay un informe final de evaluación de continuidad en el apoyo transitorio a Emapa Huaral, signado con el N° 013 – 2025, que tiene 28 hojas y que contiene el resumen del IGC del 2020 al 2024, sobre cumplimiento de metas supervisado por la SUNASS.
“Ahí se señala que en el primer año, empezaron con el 68.00 %. En el segundo año lograron el 48.00 %; en el tercer año fue del 37.57 %; en el cuarto año (2024), fue del 17.24 %. El 2025 todavía está en evaluación.
Lo que tienen que llegar es al 85 u 86 %, para que nuevamente la empresa Emapa retorne a los huaralinos, pero lamentablemente hasta la fecha no se está cumpliendo la meta, cuando solo faltan 2 meses y medio para que cumplan 8 años de su intervención.
Nosotros estamos pidiendo directamente a la SUNASS cada uno de los informes anuales, para saber por ejemplo, acerca del 68 % del primer año, cuáles han sido los problemas que se han encontrado en Emapa, ya acompañado por la OTASS.
En esos informes se detalla en qué han fallado o incumplido el acompañamiento, para no lograr las metas correspondientes. Porque nada de esto se informa a la población. El Concejo con el alcalde, son los primeros que deberían luchar por el bienestar de los huaralinos en el sistema de agua y alcantarillado.
Lamentablemente nadie dice nada y entonces: ¿Qué hacemos?. Lamentablemente parece que se han ido organizando para que con estas cifras, los funcionarios sigan permaneciendo en Huaral y se tenga que pagar la multa impuesta por la SUNASS. ¿De dónde saldrá el dinero?, pues de los recibos que paga el usuario.
Pero ni el alcalde ni los regidores investigan ni informan sobre esto y los recibos aumentan porque posiblemente ya se está haciendo una caja para pagar la multa. Y en todo esto la OTASS no nos sirve para nada.
Lo que tiene que entender la población es que por estas deficiencias se va a tener que pagar una multa fuerte, que es responsabilidad de los técnicos de OTASS y su directorio, que no han hecho su trabajo adecuadamente y la población será la que pague, por lo que se tiene que denunciar a todos los funcionarios”, explicó.
