A pocos metros del megapuerto de Chancay —obra que ha captado la atención del mundo por su impacto económico—, los pescadores artesanales de la zona trabajan en condiciones insalubres y precarias. Pese a que existe un desembarcadero pesquero casi terminado, con una inversión superior a los 16 millones de soles, este permanece cerrado y sin uso. Mientras tanto, los trabajadores del mar siguen eviscerando pescado al aire libre, entre bolsas de basura, roedores y sin acceso a instalaciones sanitarias básicas.
La construcción, a cargo del Consorcio Chancay, debió estar lista en agosto de 2023. Sin embargo, tras numerosos retrasos, FONDEPES —la entidad estatal responsable del proyecto— resolvió el contrato en octubre de 2024, cuando la obra estaba, según sus propios registros, al 98% de avance. Desde entonces, el caso ha escalado a un proceso arbitral entre el consorcio y el Estado.
EL PRIMO HERMANO DE SANTIVAÑEZ INVOLUCRADO
Raúl Jaén Santiváñez, representante legal del consorcio y dueño de una de las empresas constructoras, afirma que el retraso se debió a deficiencias en el expediente técnico elaborado por FONDEPES. Según él, la obra no contaba con conexión al sistema de agua ni desagüe, ni permisos ambientales adecuados. Además, responsabiliza al Estado de no haber socializado el proyecto con los pescadores, lo que provocó paralizaciones y oposición en el terreno.
Pero el caso tiene un ingrediente adicional: Jaén Santiváñez es primo hermano del exministro del Interior, Juan José Santiváñez. Según el registro de visitas a entidades del Estado, entre setiembre de 2024 y marzo de 2025, Jaén visitó al menos 20 veces dicho ministerio. A través de mensajes por WhatsApp, reconoció esa relación familiar, aunque asegura que todas sus visitas fueron “de carácter netamente familiar” y niega cualquier influencia en sus contratos.
No obstante, el mismo día en que FONDEPES resolvió el contrato con el Consorcio Chancay, Jaén visitó el despacho del jefe del gabinete de asesores del Ministerio de la Producción, al que pertenece FONDEPES. La coincidencia temporal levanta cuestionamientos sobre posibles gestiones de último minuto o intentos de presión, aunque ninguna de las partes ha dado declaraciones formales al respecto.
Pese al conflicto legal en curso, la empresa de Jaén ha seguido contratando con el Estado. En lo que va del año, ha firmado dos nuevos contratos con la Marina de Guerra del Perú: uno por 750 mil soles y otro por más de cinco millones. Según el propio Jaén, estos contratos fueron obtenidos mediante sorteos públicos a través de la plataforma del OSCE, y niega cualquier tipo de favorecimiento.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CHANCAY?
Mientras tanto, en Chancay, los pescadores siguen esperando. Desde asociaciones, sindicatos y hasta el propio alcalde, las voces coinciden en la frustración por una obra que, aunque casi terminada, no puede ser utilizada. Denuncian la proliferación de ratas, los malos olores y la falta de un espacio adecuado para realizar su trabajo con dignidad y salubridad.
FONDEPES, por su parte, afirma que el contrato fue resuelto por incumplimiento del consorcio y que el atraso motivó una intervención económica. También han anunciado una nueva convocatoria para terminar lo que falta. Sin embargo, los propios trabajadores denuncian que ya han pasado varias fechas anunciadas para la inauguración, todas incumplidas.
Según la CONFIEP, existen más de 43 millones de soles en obras paralizadas en el país. Los 16 millones invertidos en el desembarcadero de Chancay son apenas un ejemplo del impacto que estas paralizaciones tienen en comunidades vulnerables. Mientras los papeles del arbitraje se mueven en Lima, en el puerto norteño los pescadores siguen bajo el sol, entre vísceras, esperando que la promesa se convierta —al fin— en realidad.
