La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, reveló que la promulgación en el Peruano del proyecto de ley 01490/2021-CR hace referencia directa a un grupo de 9 ministerios. «La modificatoria a la ley sería para que puedan tener acceso (a propaganda gratuita) las instituciones que forman parte del sistema público de prevención de violencia contra la mujer. Estamos hablando de nueve ministerios», indicó.
Si leemos la Ley 32351, a la que hace referencia Lainez, se centra en la modificación al artículo 46 de la Ley 30364, en la cual se precisa lo siguiente: «Las instituciones públicas articuladas en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar acceden en forma gratuita al uso de la franja educativa del 10% de la programación…», pero ¿qué entidades conforman el mencionado sistema? son las siguientes:
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
Ministerio del Interior (MININTER)
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)
Ministerio de Salud (MINSA)
Ministerio de Educación (MINEDU)
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
Ministerio de Cultura (MINCUL)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Poder Judicial
Ministerio Público
Defensoría del Pueblo
Gobiernos regionales y locales
En ese sentido, dicha normativa plantea controlar el contenido de los medios de comunicación, camuflándolo bajo la problemática de la violencia contra la mujer y otros miembros del grupo familiar. Bajo el nombre «franja educativa», nueve ministerios buscan acceder al 10% de los medios privados y estatales para obtener propaganda gratuita. La norma ha sido rechazada por las instituciones que representan a la prensa peruana.
«Si estamos hablando de un diario de 24 páginas, son más de 2 páginas dedicadas gratuitamente a los actores de este sistema de prevención de la mujer, ¿para decir qué? Por ello decimos de que vulnera varios principios como la independencia editorial», precisó Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
Asimismo, precisó que los medios de comunicación -radial, escrito, digital y televisivo- ya hablan de feminicidio y temas relacionados, informando de los canales de atención a las víctimas. «Ha habido mucho esfuerzo por parte de los periodistas y medios de comunicación para formarse cada vez mejor y no revictimizar a los que sufren de violencia», añadió Lainez.
Por su parte, Medios Perú, en representación de las emisoras de radio y televisión del Perú, también expresaron su rechazo a la reciente promulgación de la Ley 32351, precisando que «de forma arbitraria está abriendo la puerta a la intromisión estatal en la línea de programación de medios, lo que contribuye una peligrosa vulneración a la libertad de expresión y al principio constitucional de la autonomía informativa».
Por estos motivos exhortaron al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional revisar la normativa, pues estaría distorsionando el principio de colaboración voluntaria entre medios y Estado expresado en la Constitución.
Ejecutivo intentó imponer franja a la televisión y radios previamente
Zuliana Lainez recordó que no es la primera vez que el actual Gobierno intenta controlar el contenido de los medios de comunicación. «Hace algunos meses, el Ejecutivo intentó imponer una franja en la radio y la televisión para hablar de la lucha contra la criminalidad que se hacía desde el Ejecutivo. Se pudo frenar, pero esta vez se ha aprobado entre lobos y medianoche, pues no han pedido opinión (a la prensa)», indicó refiriéndose a la Ley 32351 publicada en la edición del 28 de mayo de El Peruano.
Ante los cuestionamientos, el Ejecutivo se ha pronunciado descartando que sería con fines políticos. «Como representante del Ejecutivo, rechazo tajantemente cualquier insinuación de que buscamos restringir la libertad de expresión o interferir en el trabajo de los periodistas y medios de comunicación. Nuestra posición es clara y firme: defendemos plenamente la libertad de prensa como un pilar de la democracia. (…) El Ejecutivo presentó observaciones a esta norma en su momento, advirtiendo que podía invadir la esfera de autonomía de los medios y prestarse a malas interpretaciones», expresó.
Sin embargo, en sus declaraciones no reconoció que en la aprobación de la normativa se beneficia a nueve instituciones del Ejecutivo y que la ley fue promulgada sin solicitar la opinión de la prensa peruana.
