El caso de Don Sebastián Camacho, un zapatero de San Juan de Lurigancho, ha dejado con un profundo dolor a su familia. Durante más de un año, denunció en cinco ocasiones ante la Dirincri, el Ministerio Público y comisarías locales que estaba siendo víctima de extorsión.
Los delincuentes le exigían S/10.000 bajo amenaza de asesinar a uno de sus hijos. A pesar de las advertencias y pruebas presentadas, las autoridades no le brindaron protección. En consecuencia, su hijo Max Camacho Vargas, de 36 años, fue asesinado a balazos cerca de su vivienda en el asentamiento humano Huáscar.
Asesinaron a su hijo por no pagar cupo
Desde mayo del año del 2024, Sebastián Camacho, quien ejerce el oficio de zapatero y es padre de la víctima, comenzó a recibir mensajes y audios con contenido intimidatorio. Los desalmados delincuentes le exigían el pago de S/10.000, advirtiendo que, de no cumplir con el requerimiento, atentarían contra la vida de uno de sus hijos.
Con el paso del tiempo, las amenazas se tornaron más detalladas, incluyendo información precisa sobre las actividades diarias de los miembros de su familia, así como los lugares donde laboraban y estudiaban. En agosto, la situación escaló cuando se halló un sobre con mensajes amenazantes dejado bajo la puerta de su vivienda.
“Te doy hasta las 3 de la tarde para que respondas, o dejo tirado a cualquiera de tus hijos”, decía uno de los mensajes extorsivos dejado por los criminales.
Denunció la extorsión cinco veces, pero no recibió respuestas
Sebastián Camacho presentó denuncias ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el Ministerio Público y diversas comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, asegura que ninguna de estas instituciones respondió a su llamado de auxilio. “Dijeron que matarían a mi hijo y lo hicieron”, expresó con profunda tristeza.
La ilusión de formalizar el taller familiar y convertirlo en una empresa se desvaneció con el fallecimiento de Max, joven que no solo era su hijo, sino también su principal apoyo en el negocio que ambos forjaron durante años. El crimen ha dejado una profunda huella en la familia Camacho y ha puesto de relieve, una vez más, la inacción del Estado frente a las denuncias por extorsión.
