El Congreso volvió a legislar, pero no para el pueblo, sino para los suyos. En apenas dos semanas, empezará a regir la nueva Ley de Contrataciones Públicas aprobada, el año pasado, por una amplia, amplísima mayoría en el Parlamento.
Probablemente, esta sea la reforma más importante sobre las contrataciones con el Estado que ha aprobado este Congreso de la República; sin embargo, como muchas veces nos tiene acostumbrado el Parlamento, entre todos estos artículos y disposiciones complementarias, existe la llamada letra chiquita.
Durante el debate de la ley, los parlamentarios le dedicaron casi hora y media a discutir, no necesariamente sobre lo más beneficioso para el país al momento de gestionar una contratación; los congresistas exigieron -algunos hasta con tono altisonante- que sus familiares y ellos deberían beneficiarse con la nueva ley.
En pedidos como estos no importa si el congresista es de izquierda o de derecha. El clamor de la mayoría parlamentaria es que, con la nueva Ley de Contrataciones, los familiares de los padres y madres de la patria ahora sí puedan contratar con el Estado; algo que hasta hoy está prohibido, pero que dentro de unos días cambiará.
Ya no habrá más impedimento para los familiares de los congresistas. Solo para ellos. Para las demás autoridades las restricciones se mantienen.
La ley vigente es clarísima. Como dice en el texto, el impedimento para los parlamentarios y sus parientes “es en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce meses después de haber dejado el mismo”. Está escrito: “todo proceso”, es decir el bloqueo era en todas las instituciones del Estado.
En pedidos como estos no importa si el congresista es de izquierda o de derecha. El clamor de la mayoría parlamentaria es que, con la nueva Ley de Contrataciones, los familiares de los padres y madres de la patria ahora sí puedan contratar con el Estado; algo que hasta hoy está prohibido, pero que dentro de unos días cambiará.
Ya no habrá más impedimento para los familiares de los congresistas. Solo para ellos. Para las demás autoridades las restricciones se mantienen.
La ley vigente es clarísima. Como dice en el texto, el impedimento para los parlamentarios y sus parientes “es en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce meses después de haber dejado el mismo”. Está escrito: “todo proceso”, es decir el bloqueo era en todas las instituciones del Estado.
La nueva ley ya está aprobada, reglamentada y lista para ponerse en marcha. No hay vuelta atrás. Los candados se abrirán.
En solo dos semanas, los familiares de los parlamentarios podrán contratar con ministerios, gobiernos regionales o municipales. Y si el legislador deja el cargo, solo deberá esperar seis meses para que incluso el mismo Congreso pueda volver a ser su cliente.
La ley ya no protege al Estado de los interese privados, ahora protege a los familiares del poder.
