El 13 de noviembre, Sheyla Mayumi Cóndor Torres (26), de acuerdo a la información proporcionada por la familia, había salido a acompañar a un sepelio familiar en Huachipa, alrededor de las dos de la tarde. Un pariente que la vio por última vez, comentó que Sheyla recibió una sospechosa llamada y decidió retirarse, explicando que tenía “un asunto urgente que atender”. Llegada la noche, y al notar su ausencia la llamaron insistentemente a su celular, que se encontraba apagado. Ello prendió las alertas y fue reportada como desaparecida ante la Policía.
Cuatro días después, sus restos fueron hallados en una maleta, en un dormitorio de un departamento en Comas, en el condominio Torres de la Pradera. El principal sospechoso es un hombre que pertenece a la misma institución que debía protegerla, la Policía Nacional del Perú (PNP).
Darwin Condori Antezana, efectivo policial, es el presunto feminicida y dueño del departamento donde se halló el cuerpo desmembrado de la Sheyla Cóndor. Se ha solicitado una orden de detención preliminar contra el sujeto investigado. Sin embargo, ya se encuentra prófugo.
En el marco de la investigación, el fiscal provincial Jimmy Moran Mautino ha informado sobre la detención de seis personas presuntamente involucradas, entre ellos estudiantes de la escuela de oficiales de la Marina. Ellos habrían alquilado el departamento del agente de la PNP para realizar una celebración la noche del sábado 16 de noviembre.
Las conversaciones de WhatsApp en la computadora de la víctima fueron clave para dar con su paradero. En el diálogo con su asesino, Sheyla le comentó al suboficial que quería conocer a su perrito, a lo que acordaron una visita a su departamento, mientras él le preguntaba qué deseaba tomar.
La familia explicó que la relación entre Sheyla y Condori se originó a través de redes sociales, pero no llegó a consolidarse como un vínculo cercano. Según esta versión, el suboficial habría utilizado a su mascota como pretexto para acercarse y ganarse la confianza de la joven.
Con la pista en sus manos, acudieron a las autoridades para solicitar apoyo en la búsqueda de Sheyla. Al llegar a la dirección, la policía solicitó ver los registros de las cámaras de seguridad, que captaron el ingreso de Sheyla al condominio junto a Condori Antezana el miércoles de su desaparición.
Las autoridades de la comisaría de Santa Luzmila se negaron inicialmente a aceptar la denuncia, argumentando que Sheyla residía en Santa Anita. La tía de Sheyla denunció que, pese a las pruebas de los chats, los efectivos de la Policía Nacional no las consideraron suficientes para iniciar la búsqueda.
Acusación por violación grupal
Según un reportaje de Cuarto Poder, Vecinos del condominio Torres de la Pradera, donde residía Darwin Condori Antezana, principal sospechoso del feminicidio de Sheyla Mayumi Condor Torres, aseguran que en enero de 2023 se presentó una denuncia en su contra por violación grupal.
De acuerdo con los residentes, un día varias mujeres salieron despavoridas del departamento de Condori. Este caso se encuentra en un juzgado de investigación preparatoria, donde se cancelaron audiencias en julio y agosto del año pasado.
Condori Antezana es acusado de abusar sexualmente de tres mujeres en su vivienda. Este grave antecedente se suma ahora a la imputación por el presunto feminicidio de Sheyla Condor, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en una maleta. Reclaman una investigación exhaustiva de los hechos, considerando el patrón de violencia de género que rodea al principal inculpado, aún prófugo de la justicia.
Actuación tardía del Ministerio de la Mujer
Tras difundirse en los medios el caso de Sheyla, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) comunicó, a través de su cuenta de X, que está actuando de oficio. “Nuestro equipo se encuentra en la Comisaría Santa Luzmila para participar en las diligencias de investigación”, indicó.
A través del Programa Nacional Aurora, estarán con la familia brindando atención integral, añadieron
Mujeres desaparecidas
Según datos de la Defensoría, entre enero y julio de 2024, se registraron 5.341 denuncias de desapariciones de mujeres, de las cuales solo 2.777 fueron encontradas, lo que representa un 51,99 % de casos resueltos. Este incremento del 13 % en comparación con el mismo período de 2023, cuando se reportaron 3.276 desapariciones, ha generado preocupación entre las autoridades y la sociedad civil.
El informe de la Defensoría destaca que el 64 % de las mujeres desaparecidas son niñas y adolescentes, mientras que el 36 % son adultas. En julio de 2024, se denunciaron 816 casos de desapariciones, logrando ubicar a 377 víctimas. Los departamentos con mayor número de denuncias son Lima con 1.857 casos, seguido por Cuzco (322), Lambayeque (294), Junín (288), Arequipa (273) y Piura (249).
Además de las desapariciones, el informe también revela que en los primeros siete meses del año se han registrado 87 feminicidios, junto con 37 intentos de feminicidio y 28 muertes violentas. La Defensoría del Pueblo ha enfatizado la necesidad de fortalecer las intervenciones policiales para garantizar una respuesta oportuna a las denuncias de desaparición, con el objetivo de prevenir que estos casos terminen en feminicidios. También se ha subrayado la importancia de mejorar los procedimientos para proteger a las víctimas de sus agresores.
Número de emergencia
En Perú, las personas pueden denunciar casos de violencia contra la mujer a través de los siguientes números de emergencia:
Línea 100: Un servicio gratuito y confidencial que brinda información, orientación y soporte emocional las 24 horas del día.
911: Número de emergencia general para situaciones urgentes que requieran intervención de la policía.
Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú – 105: Atiende emergencias policiales.
Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen asesoría legal y apoyo psicológico. Se puede acudir de manera presencial a sus oficinas distribuidas a nivel nacional.
Además, las víctimas pueden buscar asistencia en comisarías especializadas en violencia familiar o Centros de Salud, donde se ofrecen servicios integrales.