El dominical ‘Punto final’ dio a conocer que Héctor Valer, congresista del partido Somos Perú, involucró a un amigo cercano, Marco Romero, en actividades irregulares dentro de una Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso destinada a investigar las prácticas corruptas de empresas chinas en el sector transporte. Esta comisión, formada hace dos años, fue diseñada para abordar las múltiples denuncias de corrupción y los incumplimientos de pagos a proveedores locales por parte de dichas empresas.
Según investigaciones y testimonios obtenidos, Romero, quien no figura como empleado oficial del Congreso, fue identificado en reuniones clave actuando como coordinador de la comisión. Empresarios perjudicados por las empresas chinas testificaron que Romero solicitaba grandes cantidades de dinero; él llegó a pedir hasta 50.000 soles, dijo que era necesario para «aceitar» los procesos y facilitar las soluciones prometidas por ellos.
Sheily Segura, una de las empresarias afectadas, compartió cómo se le abordó con la solicitud de dinero: “Nos decían que para que esto funcione tiene que haber una aceitada. Y mi compañero le dice, ¿cinco mil? Y se ríe. Nosotros no somos de la construcción, no saben. Te hablo de una mano. Cincuenta mil”.
Rosario, abogada representante de varios proveedores estafados, también fue presionada para contribuir económicamente con la promesa de agilizar procedimientos y obtener apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas para aprobar un proyecto de ley que beneficiaría a los empresarios afectados.
La participación de Romero en estas actividades fue confirmada por varias fuentes, incluidas fotografías de una sesión reservada de la comisión, donde se le ve junto a Valer. Sin embargo, en el registro de transparencia del Congreso y del Ministerio de Economía y Finanzas, no existen registros de pagos o contratación formal de Romero.
Cuando se contactó a Valer para comentarios, negó cualquier relación laboral con Romero dentro de la comisión, el atribuyó su presencia a encuentros casuales debido a su amistad. “Marco Romero, sí, sí, sí. No, él nunca fue asesor de la comisión. Nunca fue contratado por la comisión china. Era un amigo del APRA y venía a mi oficina porque también soy del APRA”, declaró Valer.
Este caso ha levantado preocupaciones sobre la integridad de las investigaciones parlamentarias y el manejo de los recursos y soluciones destinados a proteger y compensar a empresarios locales. Con las pruebas que continúan emergiendo, los empresarios y la opinión pública exigen transparencia y responsabilidad, a esperas que se aclaren las acciones dentro de esta comisión y se establezcan medidas para evitar que situaciones similares se repitan.
Marco Romero niega haber estado en Comisión Investigadora, pero declaración jurada dice lo contrario
Marco Romero, para Punto Final, presentó declaraciones contradictorias respecto a su participación en la comisión investigadora del Congreso. Inicialmente, negó haber trabajado en la comisión: «No he tenido una participación. No sé cómo explicarle. Yo no he trabajado ahí.»
Sin embargo, en una declaración jurada posterior que envió al Minem, donde actualmente trabaja, afirma que sí había prestado algún tipo de asesoramiento, lo que sugiere un grado de involucramiento formal o informal que anteriormente había negado.
Romero trató de justificar su participación diciendo que había dado un servicio «ad honorem» y al ser preguntado si era un experto en licitación pública y contrataciones del Estado, respondió de manera evasiva: «Mira, contrataciones del Estado es de dominio público. Ustedes dicen que les pedí plata, imposible, imposible.»
Además, testimonios de antiguos trabajadores de la comisión apoyan la versión de que Romero tenía un papel activo dentro de la misma. Una ex trabajadora de la comisión, Jimena Campos, confirmó que Romero era conocido como el coordinador y que estaba presente en las sesiones, lo cual contradice las afirmaciones de Romero de que no tenía ningún papel oficial. Ella indicó que era ampliamente reconocido y participaba en las coordinaciones de trabajo, lo cual está respaldado por las entradas registradas en el portal de transparencia del Congreso.
