En una sentencia notificada este viernes, la Corte IDH determinó que el Estado peruano vulneró los derechos de 80 habitantes de La Oroya por «acciones y omisiones» vinculadas al Complejo Metalúrgico que opera en dicha zona.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó este viernes que el Estado peruano es «responsable» de vulnerar los derechos «al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial» de 80 habitantes de La Oroya, en la provincia de Yauli, región Junín.
En ese sentido, la sentencia indica que la vulneración a esos derechos fue «consecuencia de la contaminación del aire, agua y suelo producida por las actividades minero-metalúrgicas en el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), y por el incumplimiento del Estado de regular y fiscalizar las actividades» de dicho complejo.
Asimismo, la Corte IDH concluyó que el Perú «es responsable por la violación a la obligación de desarrollo progresivo, en términos del artículo 26 de la Convención Americana, por la adopción de medidas regresivas en la protección del medio ambiente».
