El Dr. José Ramos Casazola, fue entrevistado en el programa Horas de Lucha que es conducido por el periodista Oswaldo Casazola donde se tocaron los últimos hechos ocurridos en el ámbito político de Huaral.
Ramos Casazola indicó que las autoridades y en particular los alcaldes, cometen un grave error cuando apañan a funcionarios que han cometido algún acto de corrupción, en alusión al caso registrado en la municipalidad de Huaral, donde una funcionaria viene siendo investigada por un dinero que su oficina de Fiscalización recibió por parte de una intervenida.
“Ahora en la municipalidad están investigando a los funcionarios. ¿Se puede en una sesión de concejo nombrar a una comisión investigadora para investigar a un funcionario que ha retenido un dinero, por su puesto ilegalmente y que finalmente se ha recomendado pase a la secretaría técnica para que le inicie un procedimiento?.
El abogado dijo que la ley faculta la conformación de comisiones investigadoras, a nivel del Concejo, sobre cualquier materia. Se puede nombrar porque es una facultad del Pleno del Concejo: nombrar una comisión investigadora de regidores para que vean un tema de interés público. Es una facultad inalienable del Concejo.
Que la Comisión dictamine o determine o que el Pleno del Concejo apruebe remitirlo a la Secretaría Técnica, también está dentro de sus facultades, pero cuando un hecho de naturaleza pública que tiene evidentes indicios de ser un acto que debe ser investigado por la fiscalía, y aquí quiero ser bien claro, no es necesario una comisión investigadora, ni siquiera es necesario que el Procurador denuncie.
El Fiscal, de oficio, cuando tiene la noticia del acto criminal, o la perpetración de un delito, ya sea a través de un medio de comunicación, el fiscal está facultado y obligado a iniciar una investigación preliminar contra ese funcionario, de oficio. No necesita ni que se haga una denuncia, porque tiene conocimiento. Está obligado.
Lo que pasa es que los fiscales son flojos y están esperando que hagan la denuncia. Si no lo hacen los fiscales, lo hace el Procurador. También está obligado de poner en conocimiento del fiscal e iniciar una investigación.
No es que necesariamente tengo que tener la aprobación del Concejo o una comisión investigadora para que esto se denuncie. Si un funcionario público ha sido grabado o es un acto de connotación pública, y de evidencian suficientes elementos de convicción para denunciarlo, debe ser denunciado.
Es más, los alcaldes a veces cometen un error , que cuando un funcionario ha cometido un error, un acto que evidencia signos de corrupción, el peor error que cometen es tratar de minimizar esos actos, cuando deberían más bien someter a investigación a este funcionario, apartarlo del cargo, hasta que se resuelva su situación jurídica. Lo peor que puede hacer es apañar actos de corrupción”, expresó.
