El Congreso de la República aprobó el miércoles por la noche acusar constitucionalmente a los exministros Betssy Chávez (PCM), Roberto Sánchez (Mincetur) y Willy Huerta (Mininter) por su presunto rol en el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Con ello, el caso pasará a una etapa en la que la Fiscalía de la Nación deberá evaluar si pide prisión preventiva para los investigados o si opta por medidas menos graves para asegurar que se sometan a la investigación.
Las tres resoluciones legislativas del Parlamento se difundieron esta noche en edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
En ellas se declara haber lugar a la formación de causa penal en contra de la expresidenta del Consejo de Ministros y los exministros del Interior y de Comercio Exterior por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración en agravio del Estado.
Previamente, los tres exministros fueron investigados preliminarmente por rebelión y conspiración por la Fiscalía de la Nación junto a Pedro Castillo y a Aníbal Torres. En diciembre pasado, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente a los exministros con el objetivo de que sus indagaciones puedan seguir más allá de esa etapa.
En el caso del expresidente, por haber sido detenido en flagrancia luego del golpe de Estado cuando se dirigía a la embajada de México, su antejuicio se levantó en diciembre y la fiscalía pudo luego pedirle prisión preventiva. Pero para los exministros mencionados, la denuncia constitucional tuvo que pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y por el pleno, proceso que tomó más de tres meses.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la aprobación constitucional aprobada, esta se notifica a la Fiscalía de la Nación y se publica en el diario oficial “El Peruano” la resolución legislativa que levanta el antejuicio político a los acusados. En el caso de Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, sus resoluciones no llegaron a ser publicadas en la edición ordinaria de este jueves.
Con ello, el desarrollo del caso pasa a depender nuevamente del Ministerio Público. En un plazo de cinco días, la Fiscalía de la Nación deberá formalizar la investigación preparatoria a los tres exministros por los delitos autorizados por el Congreso. Esto se remite luego al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkely, para su aprobación.
Allí, la fiscalía deberá comenzar a evaluar qué medidas se pedirán para asegurar que cada uno de los investigados se someta al proceso: una comparecencia simple o sin restricciones, una comparecencia con restricciones -que puede incluir el impedimento de salida del país- o una prisión preventiva, la más grave de todas.
En otro plazo de cinco días, el juez deberá aprobar la formalización y devolverle la investigación a la fiscalía. Se prevé que luego de que esto ocurra, la carpeta fiscal donde se investiga a los exministros se acumulará con la de Pedro Castillo y Aníbal Torres, que desde diciembre ya está en fase de investigación preparatoria.
