El gobierno peruano alista las reparaciones o apoyos a los familiares de las personas fallecidas en las protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo, según anunció el sábado el ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, José Tello. El gobierno ha reportado 27 muertos en la convulsión.
Tello explicó que conformará una comisión multisectorial “para ver el tema de reparaciones o apoyo solidario que vamos a dar nosotros a los deudos” por encargo de la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo, y el primer ministro, Alberto Otárola, exministro de Defensa a cargo de las fuerzas armadas.
Precisó que la comisión, que se reunirá el martes, incluirá representantes de diferentes ministerios y organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y dos representantes de las víctimas.
Las indemnizaciones buscan “de alguna manera mitigar porque una vida humana no tiene precio, es solo mitigar un poco alguna necesidad”, adujo Tello.
En un largo mensaje televisado por Navidad, Boluarte volvió a lamentar las muertes al inicio de su gobierno y pidió a la ciudadanía que quiera protestar a que lo haga de manera pacífica y no se dejen “utilizar” por “grupos que buscan generar violencia en el país”.
Las protestas, que han dejado 27 muertos y cientos de heridos, se desencadenaron luego de que Castillo fue destituido de la presidencia por el Congreso tras intentar disolver el parlamento con un mensaje televisivo.
El exgobernante fue detenido y permanece preso en Lima mientras las autoridades lo investigan por presunta rebelión y conspiración. Los manifestantes exigen nuevas elecciones, el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte. Los más afines a Castillo también reclaman que sea liberado.
Legítima protesta
Las protestas contra la clase política peruana registradas durante las últimas semanas han dejado a decenas de personas heridas y 27 ciudadanos fallecidos. El hecho ha conmovido al país, pero también ha obligado a perder la atención a los reclamos que en la calle se han escuchado. Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennifer Dador, resaltó el impacto que la violencia ha logrado alrededor del reclamo ciudadano.
“Como organismos de derechos humanos, rechazamos tajantemente el uso de la violencia venga de donde venga. Así como cuando defendemos los derechos humanos decimos que no defendemos personas, sino principios, en el caso de la violencia igual la rechazamos”, dijo en conversación con RPP Noticias. Asimismo resaltó que “los actos de violencia que se producen dentro de una protesta no necesariamente deslegitiman toda la protesta”.
Cabe señalar que durante las últimas semanas los manifestantes han exigido el adelanto de elecciones generales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y, en algunos casos, la liberación de Pedro Castillo. Los dos primeros pedidos deberán ser atendidos por el Poder Legislativo que, a su vez, ha recibido una propuesta de adelanto de comicios por parte de la presidenta Dina Boluarte, los mismos que se realizarán en abril del 2024.
