De acuerdo con la Constitución Política del Perú, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por sus reuniones con Karelim López Arredondo y Samir George Abudayeh Giha, así como por las presuntas irregularidades en los ascensos militares, aunque en el mismo acto suspendió todas las diligencias que esa decisión pudiera generar.
La suspensión de las diligencias es hasta julio del 2026, cuando termine su mandato presidencial. Esta suspensión es solo respecto al presidente, no incluye al ministro de defensa, Walter Ayala Gonzales, al exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco, Karelim López, ni al empresario Samir Abudayeh y otros.
La investigación preliminar iniciada a nivel de las fiscalías provinciales a los otros implicados en los mencionados eventos continuará. Eso permitirá recoger evidencias que luego podrán servir en el proceso al presidente.
La decisión que tomó la fiscal de la Nación trascendió a la prensa a la misma hora en que el presidente de la República se reunía en Palacio de Justicia con las titulares del Poder Judicial, Elvia Barrios, y del Congreso, María del Carmen Alva, en la ceremonia de apertura del año judicial 2022.
En dicha ceremonia, el presidente Castillo aseguró que su gobierno respeta la autonomía de los órganos de administración de justicia y respalda las medidas para tener un sistema de justicia moderno, accesible y ético, que fomente la protección de los derechos humanos.
Castillo reconoció que en los primeros meses de su gobierno se cometieron errores, que buscará mejorar para el 2022, a la vez que resaltó los éxitos económicos y el avance en la vacunación de la pandemia de la COVID-19.
La fiscal de la Nación notificó su decisión al presidente Castillo, la Procuraduría General del Estado y las fiscalías provinciales que ven casos relacionados. La decisión es inapelable, pues sobre la fiscal de la Nación no hay otra instancia.
